Cargando...
En esta creciente inseguridad, la problemática de las drogas ocupa un papel importante. El consumo de drogas es una epidemia silenciosa que destruye vidas jóvenes, con su secuela de violencia en las calles.
Casi a diario, se reportan casos policiales de hurto, robos, asaltos. Muchos de ellos cometidos por jóvenes adictos que desesperados son capaces de matar por una mochila o un celular.
Si bien en Itapúa no se registran los índices alarmantes de otras zonas del país, nos acercamos vertiginosamente a convertirnos en “zona caliente” en materia de inseguridad, asociada a este “rubro”.
Meses atrás, dos jóvenes del barrio Santo Domingo –hermanos entre sí– murieron electrocutados tras ingresar a un patio ajeno aparentemente con intención de robar gallinas. El angustiado padre decía que habían caído víctimas de la adicción a las drogas, y cuando estaban carentes de la sustancia eran incontrolables. Como resignado, impotente, cuestionaba la libertad con que en su barrio operan los microtraficantes sin ser molestados por las autoridades policiales.
La tragedia ocurrida con estos jóvenes resume en cierta medida un problema que se extiende, amenazante, de la mano de los traficantes de la muerte que pululan en los barrios, en las ciudades, en cercanías a las instituciones educativas, en las instituciones del Estado.
En ese submundo existen “categorías” de traficantes. Los “peces gordos”, los financistas “de alto vuelo”, los “lavanderos”, los microtraficantes y “deliverys”, los “vendedores” de protección policial, y los traficantes de resoluciones judiciales. Todos emparentados en un “negocio” que destruye vidas jóvenes y amenaza a la sociedad.
En este contexto de la realidad social, indigna y preocupa que un juez emplee como llave la figura de la “prisión domiciliaria” para abrir la celda y dar la oportunidad de escape a un sujeto detenido recientemente con un kilo de cocaína y cuyos destinatarios posiblemente eran jóvenes de nuestra comunidad.
Alguna instancia superior del Poder Judicial debería revisar la conducta del juez otorgante de la medida, juez penal de urgencias Miguel Óscar López, y enviar un mensaje claro a la ciudadanía respecto del papel que está dispuesto a cumplir este poder del Estado en la construcción de una sociedad más segura, en todos los órdenes.