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En su primer pronunciamiento, el nuevo fiscal adjunto reconoció como el principal desafío del Ministerio Público recuperar la confianza de la ciudadanía, que había sido perdida por las cuestionadas actuaciones, denuncias de corrupción contra los agentes y por no satisfacer las demandas de justicia.
Según la denuncia de gremios de abogados, la Fiscalía de Alto Paraná se ha convertido en una zona de recaudación donde algunos agentes experimentan una asombrosa prosperidad en el cargo.
Dueños de galerías del microcentro de Ciudad del Este también acostumbran denunciar que los operativos de las unidades de marcas de la Fiscalía no tienen la finalidad de combatir el contrabando ni la falsificación de productos, sino que tienen fines extorsivos.
La misma queja tienen los productores agrícolas contra los operativos de las oficinas de medio ambiente.
El propio fiscal general, Emiliano Rolón, admitió esos cuestionamientos a la institución. “Tenemos muchos problemas, de denuncias, de quejas contra los fiscales que son de ciertas orientaciones, de ciertas especializadas. Tenemos el deseo de corregir esas deficiencias, para sed de justicia que clama el pueblo”. También pidió “ya no más apriete”.
Estos esquemas de corrupción funcionan desde hace décadas y generalmente cuenta con un jefe, que maneja “el gallinero”, exige a los fiscales recaudar y hasta persigue a los agentes que no aceptan participar de la rosca.
A diferencia de su antecesor Humberto Rosetti, Sosa García asume la Fiscalía Adjunta de Alto Paraná sin objeciones en la región y genera una pequeña esperanza para la renovación de la imagen del Ministerio Público.
La ciudadanía debe permanecer atenta a la actuación del nuevo fiscal adjunto y seguir exigiendo las medidas correctivas necesarias para que la representación de la sociedad sea sin distinción alguna.