Estupefactos nos enterábamos de la existencia de ocupantes VIP, con vista al río, en la finca 916, del Ministerio de Defensa. El senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR - cartista) había pedido la desafectación del inmueble a favor de la Municipalidad de Villa Hayes para que ésta legalice los títulos de dueños de mansiones, pagando irrisorios montos por tierras públicas.
La displicencia -o complicidad- con que la Municipalidad de Villa Hayes manejó la situación, permitió que se asienten en el sitio mansiones autorizadas -dicen- por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Ahora, con el argumento de que se trata de un área urbana, y pretendiendo defender el pedido de desafectación, el intendente Luis López (ANR - cartista) presentó documentos que indican que en 2010, en carácter de jefe comunal Bachi Núñez pidió al Indert la transferencia del inmueble. Esto incluso cuando en los “Jardines de Remansito” la ampliación urbana recién data de 2015, cuando era intendente el hermano del senador, Ricardo Núñez.
Además, para la Dirección General de los Registros Públicos, no hay dudas de que la finca 916 es del Ministerio de Defensa.
Allende el debate sobre la historia de la ocupación de inmuebles en el país y el permiso o la represión estatal según conveniencia, el punto es cómo las instituciones públicas, tienden a tener una falsa ceguera ante este tipo de situaciones.
En Asunción, un inmueble que el Ministerio de Obras Públicas debió hermosear como una de las compensaciones por el corredor vial Botánico, está siendo ocupado por alguien que construye salones. Lo denunció un concejal, pero el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), no mostró mucho interés en intervenir.
“Hoy por hoy, no es terreno del municipio, sí se tenía que hacer la transferencia correspondiente. Y bueno, hacer el seguimiento desde la municipalidad, hablar con el Ministerio de Defensa a ver qué sucede”, dijo el intendente de Asunción.
La recuperación de estos bienes públicos está en manos de un gobierno tan colorado cartista como Bachi, Luis López y Nenecho. Es de esperarse que la Procuraduría, que intervino en el caso Remansito, también lo haga en el caso de Asunción. Y que demuestre que, además de usar su posición de poder con fines particulares, a este Gobierno le interesa el cuidado de la cosa pública, que es para lo que fue electo. ¿O acaso seguiremos con los fatos públicos, sin vergüenza?