La opacidad en la gestión, evidenciada por la ocultación de la nómina de empleados y la falta de divulgación de supuestas irregularidades en el Proceso Selectivo Externo 2023, cuestiona la integridad del liderazgo y la rendición de cuentas de Zacarías Irún.
La Itaipú es catalogada actualmente por informes oficiales como uno de los entes administrados sin transparencia. En la gestión de Zacarías, acumula dos aplazos en evaluaciones mensuales en el cumplimiento de la Ley 5189/2014, conocida como la ley de transparencia. El director tiene un historial de desapego a las buenas prácticas en la administración pública; siendo gobernador de Alto Paraná no acataba o cumplía a medias las exigencias de transparencia.
Además, decisiones vacilantes como la descontratación y luego reincorporación de empleados seleccionados en concurso restan seriedad a la actual dirección del ente hidroeléctrico.
Itaipú, como la central hidroeléctrica más grande de Paraguay, es un activo estratégico compartido con Brasil. La revisión del Anexo C, que define las bases financieras y de prestación de servicios eléctricos, se presenta como una oportunidad para corregir las asimetrías históricas que han favorecido desproporcionadamente a Brasil en detrimento de los intereses paraguayos.
Los datos revelan que Paraguay aprovechó solo alrededor del 9% de su producción total acumulada, del 50% que le corresponde. El restante de la energía paraguaya fue cedida a Brasil con un promedio de US$ 4 por MWh, muy por debajo de los precios de mercado regional.
Los escenarios posibles para Paraguay abarcan desde la reducción de tarifas para impulsar el consumo interno hasta la venta del excedente de energía en condiciones justas. La estrategia consensuada en varios sectores aboga porque Paraguay disponga plenamente de su energía, eliminando los precios injustos y adoptando valores de mercado para el excedente.
La transparencia y la participación pública en la definición de la estrategia de negociación son fundamentales para garantizar que los intereses nacionales no se vean comprometidos. La revisión del Anexo C no solo debe considerar los aspectos financieros, sino también abogar por la justicia y la equidad en la explotación de este recurso compartido. Para esta misión, es primordial contar con una dirección de la Itaipú a la altura de las circunstancias.