Quienes todavía no sucumbieron a la desesperanza, esperan con tozuda confianza que la justicia cumpla y se convierta alguna vez en la trinchera desde donde se ponga freno a la avasalladora corrupción que invade cada espacio de la administración de la cosa pública.
Enumerar los casos nos llevaría ocupar el diario entero. Citaremos algunos a modo de referencia. Entre ellos tenemos algunos bastante añejos, como el caso de las denuncias de irregularidades en la administración municipal de Encarnación, promovidas luego del cambio de signo político en la Comuna, en el 2015, y otros muchos más recientes, como los que afectan a los municipios de Jesús, Carmen del Paraná, Obligado, Tomás Romero Pereira, Yatytay, entre otros.
Hasta ahora no se tienen noticias de que algún administrador comunal haya sido llevado a juicio. Una elocuente muestra del grado de eficacia y empeño de los respectivos fiscales por impulsar la investigación.
Ni hablemos de las “tragadas” en sucesivas administraciones del gobierno departamental, algunas denunciadas ante el Ministerio Público, otras mediáticamente. El emblemático caso de “Ñemity” es un buen ejemplo del oscuro manejo del dinero público. Pese a las numerosas denuncias de presuntas irregularidades, ningún representante del Ministerio Público se dio por enterado e impulsó alguna investigación de oficio para conocer sobre el uso y abuso del dinero del pueblo por parte de los políticos.
Tal vez algún factor cromático interfiere en la misión de estos fiscales de impulsar justicia en representación de la sociedad. Al fin y al cabo, esa es la razón de ser del Ministerio Público.
Lo brutal de todo este sistema es que, mientras el resto de este “Paraguay profundo” vive en medio de precariedades de todo tipo, deslomándose para tratar de sobrevivir más o menos dignamente, una “claque” se engulle indecentemente los recursos públicos, con absoluta impunidad.
Creo que todos los ciudadanos honestos de este país, que también los hay, encaramos un nuevo año con ciertas esperanzas de que alguna vez abandonemos nuestra condición de republiqueta fallida. Pero, me da pena confesarlo, me abruma el pesimismo. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos declararle la guerra a la corrupción. Tenemos las armas legales, pero no disponemos de los soldados que hagan honor al coraje y la convicción necesarios para encarar la batalla.