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Era la primera reunión del año, por lo que la mesa se llenó inmediatamente de manijas, vasos y botellas, cuyo contenido se evaporaba instantáneamente por el intenso calor del verano y la ansiedad de varios miembros del grupo de disparar como una ametralladora varios temas de conversación a la vez.
Inmediatamente la conversación se enfocó en el tema principal de estos días: la ley que fija nuevos precios para las habilitaciones de los vehículos en casi todos los municipios del país, con excepción de la capital.
–Ya nos enchufaron un aumento en los peajes y ahora otro para sacar la habilitación de nuestros autos –se quejó uno de ellos, dueño de un auto importado de Iquique.
–A mí sin embargo me va a salir más barato –dijo otro, que hace un año había retirado su auto de una concesionaria.
–Ese es el problema –disparó un tercero– a algunos le beneficia y a otros le perjudica –explicó– todo depende de qué tipo de auto tengas, porque la ley solamente establece como criterio para establecer el precio el año de fabricación del vehículo.
La explicación inmediatamente generó un guarará de opiniones, con críticas coincidentes sobre la absoluta irresponsabilidad para aprobar una ley de alto impacto a nivel nacional sin hacer ningún estudio serio sobre las consecuencias que podía tener, y todo a pedido de intendentes que quisieron evitar así la “fuga” de contribuyentes que optaron por pagar sus habilitaciones en otras ciudades con precios más bajos.
–Pero al menos se dieron cuenta y van a corregir ahora –trató de justificar el más conservador de todos, argumentando que un diputado oficialista ya presentó un proyecto para derogar la ley y hacer otra nueva.
Esto inmediatamente generó la reacción de algunos, que le dijeron que el daño ya está hecho para quienes fueron a pagar sus patentes en los primeros días del año, y que además es poco serio el procedimiento de aprobar una ley a tambor batiente y luego dependiendo de la reacción ciudadana corregir los errores.
Uno de los integrantes de la mesa agregó el dato de que nueve intendentes ya fueron incluso a la justicia para frenar la ley con una acción de inconstitucionalidad, aunque sin poder explicar de forma sólida y coherente por qué esta ley sería inconstitucional y no la de 1976 sobre la que se vino cobrando durante casi medio siglo el impuesto de patente a los rodados.
Y agregó además que en la semana que termina, un gran grupo de intendentes pidió a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) que apoye la suspensión de la ley hasta que se establezca una ley más justa.
El Profe, quien como siempre escuchaba a todos antes de hablar, se dispuso a hacerlo, generando el silencio y la inmediata expectativa de todos.
–Estamos discutiendo una ficción –comenzó diciendo, ante la cara de extrañeza de algunos.
–Todo esto no es más que una ley para seguir sacándonos dinero a los contribuyentes –prosiguió.
–La ley con la que nos dieron la bienvenida este año trabaja sobre la base de una ficción para plantear la redistribución de nuestro dinero. Comencemos por lo más obvio, el espíritu de este tributo es establecer que a través de un pago, cada municipio certifique las condiciones de cada vehículo para luego habilitarlo legalmente para circular por el país.
–Si ustedes se fijan en la factura –siguió diciéndoles– hay un concepto por inspección técnica que en realidad es un cuento, en la gran mayoría de las 263 municipalidades no existe ninguna inspección a los vehículos, pese a que la ley nacional de tránsito obliga a hacerlo, todo se reduce a pasar por caja para dejar el dinero para seguir pagando las estructuras montadas en cada municipalidad. Eso sin olvidar que es cuando menos exótico que una parte de ese dinero captado con la estructura administrativa pública de cada ciudad, sea destinado a una ONG como la Opaci –siguió diciendo–. Toda la discusión política se reduce entonces a ver cómo se redistribuyen nuestro dinero y no a mejorar las condiciones de circulación y tránsito en el país –sentenció el Profe, ante la atenta mirada y el silencio de todos los integrantes de la mesa.
Fue entonces cuando el grupo pidió una última ronda antes de que el bar cierre.
