No fue la única sancionada: en el período anterior, varios parlamentarios perdieron la investidura o renunciaron ante supuestas violaciones a la Ley 2523 sobre corrupción y tráfico de influencias: Jorge Oviedo Matto (UNACE), Dionisio Amarilla (PLRA), Óscar González Daher (ANR), Mirta Gusinky (ANR) y Víctor Bogado (ANR).
En este nuevo período tenemos una sola renuncia, la del indefendible Orlando Arévalo (ANR), y una sola destitución: la de Kattya González. Horacio Cartes logró expulsarla y hasta cambió el reglamento para conseguir los números.
Uno diría: ¿qué pasó? ¿Los parlamentarios modelo 2023/2028 son más íntegros? ¿Ya no trafican influencias ni se alían con la corrupción? No. Es exactamente al revés: el Congreso paraguayo ya no es contrapeso del poder, es uno de los epicentros de corrupción. Quienes deberían sancionar los delitos son hoy los primeros en cometerlos. No protegen a la República: protegen a sus mafias con fueros y votos.
Los escándalos que violan la Ley 2523 son cada vez más graves y ya ni se sonrojan. La senadora Lourdes Noelia Cabrera, quien contrató a sus sobrinos para cobrar sin trabajar, leyó un discurso filosófico y pretencioso para zafar de los ilícitos. Quiso disfrazar la podredumbre con retórica, pero lo que hizo fue poner perfume sobre una cloaca. ¿Pasó algo? ¡Nada!
El colorado senador cartista Alfonso Noria llamó al director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, y lo trató peor que a un perro, según sus propias palabras. Se jactó de haberlo insultado y presionado para que reabriera locales clausurados. “Me presionó”, confirmó el propio Orué. Esperemos que cuando Santiago Peña salga del modo rally se pronuncie alto y claro sobre lo ocurrido con su recaudador de impuestos y exija respeto al poder que él encabeza, o todos confirmaremos que es un pelele.
Noria apenas lleva dos semanas en el cargo y ya usó su banca para amenazar a una alta autoridad tributaria. Peor aún, advirtió con usar órdenes judiciales para reabrir los locales, lo que significa que también presionó sobre jueces. Eso eleva su castigo hasta cinco años de prisión. Violó todos y cada uno de los incisos del artículo 7º de la Ley 2523.
El actual Congreso, uno de los peores de nuestra historia en cuanto a trapisondas y tropelías, sigue hundiéndose en el estiércol. La máxima con ellos se cumple a rajatabla: cuidan a todos los chanchos de su chiquero. Cada blindaje a un colega corrupto es un ladrillo más en la tumba de la credibilidad institucional. Este Congreso pasará a la historia no por sus leyes, sino por haber convertido la corrupción en su única ley.
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