Esta vez son cuatro empresas permisionarias de la capital las que comunicaron a través del vocero de su gremio que ya no sacarán sus colectivos a las calles dentro de una semana, si la Municipalidad no les aprueba un aumento del precio del pasaje de 2.800 a 3.400 guaraníes.
Se quejan, y con razón, de que por el mismo servicio las empresas permisionarias del viceministerio de Transporte reciben más de 4.400 guaraníes por pasajero transportado, entre el monto abonado directamente por el pasajero al subir y el subsidio que perciben por parte del gobierno.
El reclamo plantea una de las tantas e irregulares aristas de nuestro sistema de transporte público nacional: un subsidio focalizado exclusivamente en el área metropolitana, sin un plazo definido y centrado únicamente en las empresas concesionarias del viceministerio.
Alguno podría pensar entonces que al menos éstas están conformes con el régimen adoptado.
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Nada más lejano de la realidad. Así como aumenta gradual y periódicamente el monto del subsidio entregado por el Estado a los transportistas, aumentan gradual y periódicamente las quejas de los empresarios por no cobrar regularmente las sumas comprometidas.
Más allá de quien tenga la razón en esto último hay un dato objetivo, en los últimos diez años fueron desembolsados cerca de 250 millones de dólares en subsidios y no se observa ninguna mejora sustancial en el servicio.
Y solo de enero a setiembre de este año ya se llevaban pagados más de 261 mil millones de guaraníes en este concepto.
En un estudio elaborado para este diario por el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, se recuerda un informe del Banco Mundial, que sugiere que debe revisarse la estructura de este subsidio y eliminarlo gradualmente, para reasignar toda esta enorme masa de dinero que se financia con impuestos, hacia inversiones productivas en sectores claves como obras públicas, educación o salud.
El informe además sugiere que una parte de estos fondos deben ir a proyectos de modernización de flotas, mejoras en la infraestructura vial urbana y sistemas de transporte eléctrico que nos permitirían aprovechar la energía que producimos para no depender únicamente de la importación de combustibles fósiles.
A propósito de transportes eléctricos. Va terminando el año y seguimos sin ver en las calles los buses eléctricos donados por Taiwán.
Primero habían dicho que comenzarían a circular en marzo, luego en junio, luego en julio, luego agosto, luego setiembre, luego diciembre, y ahora anuncian que podrían estar operativos entre enero y marzo del próximo año.
Habrá que seguir esperando entonces para verlos en funcionamiento, afuera de los depósitos en los que hoy siguen durmiendo.
Vamos terminando el año y también el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para unificar la autoridad de aplicación en el transporte sigue siendo estudiado en el Congreso, luego de que los diputados le introdujesen varias modificaciones.
Es nuevamente el Senado el que debe analizar ahora el proyecto con los cambios que introdujeron los diputados oficialistas.
Cualquier planificador urbanístico es consciente de lo fundamental del transporte público para agilizar la circulación, descomprimir embotellamientos y liberar espacios en el tránsito.
Un colectivo funcionando en condiciones evita que cincuenta, setenta, ochenta o cien motos y coches tengan que salir a las calles para cubrir la necesidad de esos viajes.
Un transporte público eficiente es más económico y seguro para cualquier ciudadano, permitiéndole evitar desgastarse en la conducción y ahorrar el dinero que debería utilizar para hacer ese trayecto en un vehículo particular.
La reforma real del sistema de transporte público, es sin dudas, una de las grandes deudas aún impagas del gobierno, en este año que va terminando.
guille@abc.com.py