¿No tienen vergüenza los ministros de la Corte Suprema de Justicia de este atropello cometido en la mismísima casa de la Justicia? ¿No tiene vergüenza la institución policial de este alzamiento contra la Constitución Nacional de algunos de sus miembros uniformados?
Stroessner atropelló universidades, colegios, partidos políticos, iglesias, oenegés, y viviendas particulares, pero no recuerdo que lo haya hecho contra la sede del Poder Judicial. Y no estoy comparando a un dictador del pasado con un presidente del presente, sino a aquel con nada menos que la Corte Suprema. Vaya, vaya.
No vimos, por ejemplo, a la Policía actuar de una manera similar para disolver la reciente ilegal reunión de ministros del Poder Judicial con el presidente de la República y el presidente del Partido Colorado.
Si no fueron los ministros de la Corte quienes dieron la orden, significa que un comisario decidió que la libertad de expresión garantizada por la Constitución en su art. 26 no rige en el recinto del Poder Judicial. Qué ironía: en el territorio de la institución que debe garantizar, no solo dicho artículo, sino la Constitución toda. Tampoco supimos de algún ministro en desacuerdo con la medida que haya roto filas para salir en defensa de la detenida.
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Si el comisario y su patota uniformada hubiesen leído la Constitución sabrían que toda persona tiene derecho a generar, procesar y difundir información, pudiendo utilizar cualquier medio para el efecto: art. 26, además, este artículo garantiza que puede hacerlo “sin censura alguna”. Esther estaba difundiendo información ante personas que estaban ejerciendo su derecho a informarse.
Arrancar con violencia de la mano de la abogada su propiedad, qué otra cosa puede ser que no sea censura, atropello, abuso ¿que a los ministros no les gusta?, pues que se traguen el sapo, ya que el pluralismo ideológico y la tolerancia también son garantías constitucionales.
En ninguna parte la Constitución autoriza a violar el artículo 26 que justamente garantiza la libertad de expresión. Esther Roa estaba usufructuando esa libertad y fue agredida. Tampoco la Constitución autoriza a nadie a romper esa garantía, a no ser que el comisario actuante haya logrado enmendar la Carta Magna y no estamos enterados.
En el supuesto caso de que lo dicho por la abogada fuese falsedad o distorsión, ¿los ministros de la Corte no saben que “toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios”? (art. 28)
Por lo visto que no, por eso ordenaron el atropello, la censura y el abuso. Si alegan que no sabían lo que estaba pasando en su casa, a estas horas el comisario y su pandilla deberían estar ya de patitas en la calle.
Tampoco saben que el art. 138 autoriza a los ciudadanos a resistir a los usurpadores del orden jurídico por todos los medios a su alcance. Muchas personas presentes intentaron impedir la detención de Esther, pero los agentes y el comisario lo impidieron con fuerza.
Acuérdense señores ministros que el Poder Judicial “es el custodio de esta Constitución”, art. 247. ¿Esta es la forma de hacerlo, o fue un error que mañana sería enmendado con la renuncia de quien dio la orden?
¿O me equivoco y la Policía actuó de acuerdo a su naturaleza institucional, que según el artículo 175 es “una institución profesional, no deliberante, obediente, organizada con carácter permanente y en dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo”? En este caso, esperamos las aclaraciones del Presidente de la República.