Mientras el proyecto de ley busca subsanar el creciente déficit de la Caja Fiscal —que acumuló pérdidas millonarias en dólares en la última década y amenaza con un colapso financiero en los próximos años—, la atención pública se centra en la disparidad inequitativa entre los requisitos para los ciudadanos comunes y los que rigen para senadores y diputados.
Para un trabajador paraguayo afiliado al IPS o al régimen general, acceder a una jubilación ordinaria exige generalmente 30 años de aportes (o 25 en algunos casos), junto con una edad mínima que ronda los 60 años, dependiendo del régimen. En contraste, los parlamentarios operan bajo un régimen especial regulado por la Ley Nº 6112: pueden acceder a una jubilación extraordinaria con solo 10 años de aportes (equivalentes a dos periodos legislativos), siempre que alcancen los 55 años de edad, percibiendo un haber que puede llegar al 50-60% de su dieta más gastos de representación —montos que superan ampliamente los haberes promedio del sector privado o público.
Este beneficio ha sido calificado como un “privilegio injusto” y una “jubilación VIP”. Es inaceptable que mientras miles de paraguayos luchan por llegar a los 30 años de aportes en condiciones precarias —muchos en empleos informales o de bajos ingresos—, los representantes del pueblo se beneficien de reglas laxas que parecen diseñadas para perpetuar privilegios.
Esta inequidad no solo genera malestar social, sino que erosiona la confianza en las instituciones, más aún cuando el propio Presidente, Santiago Peña, ha sido señalado por defender a la Caja Parlamentaria. ¿Es justo que los que hacen las leyes se protejan a sí mismos mientras el resto del país enfrenta incertidumbre previsional?. La percepción es clara: la élite política opera bajo un conjunto de reglas que no se aplica al resto de la población.
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El contexto se enriquece con las advertencias técnicas sobre la sostenibilidad del sistema previsional en general. José Velázquez, director de Cálculos Actuariales del IPS, ha señalado que hasta 2046 (o alrededor de 2047 según proyecciones actualizadas) existe una “ventana” para implementar ajustes estructurales en la caja antes de que el déficit consuma completamente el capital acumulado, dejando al Instituto dependiente solo de aportes corrientes. Según sus declaraciones, lo más urgente incluye unificar la edad de jubilación en todo el sistema, ampliar la base de aportantes mediante mayor formalización laboral y actualizar el cálculo de las jubilaciones ajustándolas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para garantizar equidad y sostenibilidad a largo plazo. Estas recomendaciones técnicas contrastan con la lentitud política y resaltan la necesidad de reformas paramétricas que eviten un colapso abrupto.
Aunque el proyecto de reforma de la Caja Fiscal presentado a fines de 2025 no incluye modificaciones directas al régimen parlamentario, su omisión ha sido interpretada como una señal de continuidad de estos beneficios.
En estos días, en que se ha reunido la Comisión Permanente del Congreso para debatir sobre la reforma de la caja fiscal, jubilados, gremios docentes, policías y militares retirados exigen un debate exhaustivo sobre el gasto público en pensiones. Silvio Piris, representante de la Federación de Educadores, dijo que “sobre su cadáver” se hará algún ajuste al mínimo de edad como lo plantea la reforma, pero también, este y otros sectores critican duramente los privilegios concentrados en el poder legislativo y demandan que cualquier ajuste previsional comience por eliminar o reducir estas “jubilaciones de oro”, antes de imponer mayores cargas a trabajadores y jubilados de menores ingresos.
La discusión revela una tensión estructural en Paraguay: la brecha entre la élite política y la realidad de la mayoría. Mientras el gobierno busca equilibrar las finanzas públicas frente a un déficit proyectado en cientos de millones de dólares anuales, numerosas voces insisten en que la verdadera reforma debe empezar por casa: eliminando privilegios que erosionan la legitimidad del Estado.
Nadie duda de que la reforma de la Caja Fiscal sea fundamental y necesaria para evitar un colapso que afectaría a generaciones futuras. Pero convencer a un pueblo que percibe injusticias cotidianas —desde las jubilaciones privilegiadas hasta la persistencia de nepotismo y la lentitud en achicar gastos superfluos del Estado— resulta cada vez más difícil. La coherencia y la altura moral en la clase política serán clave para negociar sacrificios compartidos y enfrentar la reforma más importante de estos tiempos. De lo contrario, el debate no hará más que profundizar la desconfianza y la polarización en un momento crítico para el país.
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