En la compañía Potrero Pirú, distrito de Guazucuá, los vecinos se ven forzados a organizar rifas para comprar arena gorda y ripio y así reparar el camino vecinal. No se trata de un proyecto comunitario voluntario para mejorar su localidad, sino de una medida desesperada ante la falta de respuesta de las autoridades municipales y departamentales a reiterados pedidos.
El camino es esencial para la producción, la educación y la salud; sin embargo, para el Estado parece no ser una prioridad. La misma situación de abandono se observa en Humaitá, donde los propios funcionarios del puesto de salud organizan rifas e incluso carreras de caballos para recaudar fondos destinados a la compra de productos de limpieza e insumos médicos básicos.
El hecho resulta alarmante: un servicio público de salud no puede depender de actividades solidarias para funcionar. Cuando el sistema sanitario llega a este punto, queda en evidencia una grave falla en la gestión pública y en la asignación de recursos.
A esta realidad se suma un caso aún más doloroso en Tacuaras, donde la señora Tomasa Vargas permanece postrada en cama desde hace más de un año sin recibir la visita de un médico de la Unidad de Salud Familiar (USF). Su esposo, ya anciano, debe recorrer hospitales para conseguir medicamentos, prácticamente mendigando atención.
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Esta situación no solo refleja precariedad en el sistema de salud, sino también una profunda falta de humanidad en el cumplimiento de la atención primaria, que justamente fue creada para asistir a las personas más vulnerables en sus propios hogares.
Estos hechos, aunque ocurren en comunidades distintas, tienen un denominador común: la ausencia del Estado en lugares donde su presencia es más necesaria.
Mientras en los discursos oficiales se habla de desarrollo, descentralización y políticas sociales, en la práctica son los ciudadanos quienes sostienen caminos, servicios de salud y la atención a los más débiles.
La organización comunitaria es un valor admirable y forma parte de la identidad solidaria del pueblo ñeembuqueño. Pero no debe convertirse en la única respuesta ante la inacción de las autoridades. La solidaridad no puede reemplazar a la política pública.
Un país que obliga a sus pobladores a hacer rifas para garantizar derechos básicos es un país que necesita revisar con urgencia sus prioridades.
edgar.vazquez@abc.com.py