El pliego fue claro: la empresa adjudicada debía instalar infraestructura propia dentro del predio hospitalario. Esa condición no es un detalle menor. Implica control sanitario directo, respuesta inmediata ante contingencias y reducción de riesgos en el manejo de prendas contaminadas. Sin embargo, la realidad es otra: las ropas recorren cientos de kilómetros hasta Asunción, específicamente hasta la planta industrial de Lavatt.
Si el hospital rechazó en su momento las maquinarias por no cumplir con las exigencias técnicas, como se informó, surge una pregunta inevitable: ¿por qué nunca fueron repuestas conforme a las especificaciones del contrato? ¿Quién controla que lo adjudicado se cumpla en su totalidad? ¿Dónde está la supervisión del nivel central?
No se trata solamente de si “nunca falta ropa limpia”, como argumenta la empresa. El debate es mucho más profundo. Se trata del cumplimiento contractual en una adjudicación millonaria financiada con dinero público. Cuando el Estado paga por infraestructura instalada y operación in situ, no puede conformarse con una logística tercerizada que modifica sustancialmente lo pactado.
Por si fuera poco, las autoridades sanitarias intentaron ocultar el servicio bajo la excusa de que es un área restringida y no permitían el paso de la prensa para verificar si existían o no los equipos industriales de lavandería. Cuando la olla ya estaba totalmente destapada, no tuvieron otra opción más que dar acceso hasta el sitio y dar la cara de lo que estaba ocurriendo.
De por sí, el hecho es lamentable y una bofetada para la ciudadanía que a diario clama por una salud justa, más presupuesto para insumos y medicamentos, sin embargo, el Gobierno derrocha miles de millones en licitaciones amañadas solo para unos pocos.
La ciudadanía tiene derecho a saber si se está ejecutando exactamente lo que se contrató. Y si no es así, corresponde aplicar las sanciones previstas. De lo contrario, el mensaje es peligroso: los contratos pueden interpretarse a conveniencia mientras el dinero fluye sin cuestionamientos.
En materia de salud pública, la transparencia no es opcional. Es una obligación.
victor.barrera@abc.com.py