En el Senado decidieron que dos de ellos ya no manejen el dinero público, destinado al programa Hambre Cero, como corolario de la serie de denuncias que se vienen registrando.
Fue así que aprobaron excluir a los gobernadores de Concepción y Alto Paraná, Liz Meza y César Torres, ambos oficialistas, del manejo de recursos destinados al que el gobierno presenta como su programa estrella de alimentación escolar.
Un senador también oficialista lo argumentó con la contundente sencillez del guaraní para referirse a la gobernadora concepcionera: Po pohýi, o una mano demasiado pesada y sin la delicadeza necesaria para manejar lo que es ajeno.
Conversamos con él al día siguiente en la 730AM, y lejos de rectificarse, se reafirmó en que esto fue producto de la serie de denuncias de corrupción en la administración de ese presupuesto, en hechos alevosos que ofenden al sentido común.
“Cuando en política uno no puede demostrar lo que tiene, no puede seguir en política”, nos decía el senador oficialista Silvio Ovelar, al asegurar que la gobernadora concepcionera no tiene forma de demostrar el origen legal de su patrimonio.
Alguno podrá decir que la repentina preocupación por la administración del dinero del programa puede ser producto de las internas partidarias o de la inminencia de elecciones en las que estos casos de corrupción pueden costar caro electoralmente, pero lo innegable es que tan grande es la sospecha y el escándalo sobre un programa sensible, porque se ejecutan millones de dólares en nombre de la alimentación de niños y adolescentes del país, que la propia Contraloría General de la República se vio obligada a comenzar un examen de verificación y correspondencia del patrimonio de los 17 gobernadores del país.
“Se está dinamitando el programa estrella del Gobierno”, reconocía en la entrevista el senador, al argumentar que los gobiernos son tumbados por la corrupción y la ofensa en el manejo ostentoso de los recursos públicos, y no por el “fuego amigo”, como graficó el gobernador de Guairá, César Sosa, en un intento de defensa corporativa para que disminuyan las críticas internas de los propios oficialistas.
Entre las noticias judiciales de esta semana también apareció otro gobernador.
Un tribunal de apelaciones en lo penal resolvió ratificar su condena a 10 años de cárcel.
Fue por haber sido hallado culpable de un daño patrimonial contra la Gobernación de Central, de poco más de 5.100 millones de guaraníes durante la pandemia.
El exgobernador de Central Hugo Javier González sufrió así su segundo revés judicial en el caso, tras confirmarse la sentencia en segunda instancia, en una investigación en la que se demostró que durante su administración se implementó una operativa en la que se pagó por proyectos no ejecutados.
En la misma causa, la primera con condena de las que afronta el exgobernador, también fueron condenados otros cinco exfuncionarios.
La presencia de los gobernadores se completó esta semana, al aparecer también uno de ellos en las páginas de policiales.
Tras siete años de estar prófugo de la justicia, fue detenido en San Lorenzo, Magno Duarte Cubas, exgobernador de Central.
Quizás muchos no lo recuerden, Duarte Cubas era del Unace, y había asumido el cargo de gobernador tras la renuncia del liberal Carlos Amarilla, quien se postuló como senador en 2013.
El breve periodo no fue obstáculo para que Cubas genere un perjuicio de unos 2.000 millones de guaraníes al departamento, también en el rubro de la alimentación de niños y adolescentes en las escuelas, bajo el programa de merienda escolar de la gobernación, perjuicio por el que fue condenado en el año 2019 a dos años y medio de cárcel, bajo la figura de lesión de confianza.
En aquella ocasión se demostró que la gobernación llegó a pagar dos veces por galletitas que debían ser distribuidas en las escuelas del departamento, pero las galletitas nunca aparecieron.
Fue una semana de ensueño para nuestros virreyes departamentales.
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