El enfrentamiento entre la Compañía de Luz y Fuerza SA (Clyfsa) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) reavivó un viejo debate: ¿es mejor un sistema centralizado bajo el Estado o una distribución con participación privada? La posibilidad de que la empresa termine en quiebra y sea absorbida por la estatal abre un escenario incierto que inquieta, sobre todo, a los usuarios.
Más allá de los argumentos institucionales y legales, hay una realidad concreta: alrededor de 18.000 usuarios dependen del servicio de Clyfsa para el funcionamiento de sus hogares y negocios. A eso se suman más de 200 empleos directos que podrían desaparecer.
Sin embargo, el debate no es blanco o negro. En los últimos años, las quejas por cortes de energía —especialmente en verano— han sido frecuentes. La discusión sobre la calidad del servicio sigue abierta, y la responsabilidad no está claramente definida. Tanto la empresa como la ANDE han optado por señalar deficiencias en la contraparte, dejando al usuario en medio de una disputa técnica que poco resuelve.
El punto de inflexión está en la sentencia judicial que, de quedar firme, significaría la quiebra técnica inevitable de Clyfsa. No solo por el monto reclamado, que asciende a cifras multimillonarias, sino también por la aplicación del pliego tarifario que elimina su rol como distribuidora y la convierte en una consumidora de alta tensión, sin margen para sostener su modelo de negocio.
En ese escenario, la ANDE pasaría a asumir la distribución total del servicio en Villarrica. Pero esa transición no sería automática ni sencilla. Implicaría reorganizar la administración, adaptar la infraestructura existente y garantizar una continuidad que hoy genera dudas entre los usuarios, muchos de los cuales temen una eventual degradación del servicio.
Las recientes manifestaciones ciudadanas, como la sentata simbólica frente a la Catedral de Villarrica, evidencian que el conflicto ya trascendió lo empresarial.
Al final, la resolución del conflicto no debería limitarse a definir quién gana o pierde en tribunales. Lo esencial es garantizar un servicio eficiente, estable y accesible para los usuarios. Si el desenlace no pone en el centro a la ciudadanía, cualquier fallo —sea favorable a Clyfsa o a la ANDE— correrá el riesgo de ser percibido como una solución incompleta en una ciudad que exige certezas, no disputas interminables.
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