Los gobernantes que queremos

La conducta de dirigentes del oficialismo en las instituciones del Estado van en contra del discurso sobre la importancia del esfuerzo, la formación, la honestidad como vías idóneas para ocupar altos cargos públicos.

Los casos de los senadores Hernán Rivas y Erico Galeano consisten en que el primero de ellos, aparentemente, utilizó un título falso de abogado para ocupar la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, desde donde juzgaba a jueces y fiscales que, como mínimo, tenían mucho más experiencia que él en el ámbito judicial.

La excusa de los colegas colorados de Rivas es que no sabían lo de su título. Suponiendo que fuera cierto, igual resulta inaudito que nombraran para un cargo de tamaña responsabilidad a alguien absolutamente inexperto en cuestiones jurídicas. Esto da pie a suponer que lo pusieron en ese cargo para, a través de él, manejar el poder judicial con intenciones extorsivas, como lo hacía en su momento el fallecido senador Óscar González Daher.

Sobre Erico Galeano, condenado por lavado de dinero y asociación criminal en dos instancias, el argumento de que desconocían sus vínculos con delitos tan graves, también resulta insuficiente.

Es de suponer que una institución política como la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, cuenta con asesores jurídicos capaces de revisar una acusación de la Fiscalía y considerar si tiene fundamento. De esa manera podían haber recomendado a sus dirigentes lo que convenía hacer para preservar la imagen de la institución partidaria y no esperar el veredicto final de la Justicia.

La mayoría cartista del Senado expulsó a la senadora opositora Kattya González acusándola de supuestos delitos bastante menos graves que los que cargaban Rivas y Galeano. Además, después se demostró que las acusaciones contra la legisladora eran falsas.

El oficialismo incurre de manera tan repetida en conductas contra la institucionalidad democrática que ya no parece accidente, sino regla.

El mensaje pareciera ser que, estando en el poder, les está permitido todo y quienes se presten a manejos turbios y delictivos serán defendidos con uñas y dientes y solamente les “soltarán la mano” en caso que la presión judicial y ciudadana sean insostenibles.

La pregunta que deberíamos hacernos como ciudadanos es si este sistema nos gusta y cuáles serán, tarde o temprano, las consecuencias de seguir eligiendo a personajes con esta mentalidad para administrar nuestro país.

mcaceres@abc.com.py