La más patética de todas es quizá la Mafia de los Pagaré, una organización creada por brillantes mentes criminales para el infame objetivo de hacerse ricos robando, con “legalidad”, a personas pobres.
Empresas de crédito, aliadas con abogados y magistrados, utilizaban pagarés ya pagados o falsificados, para iniciar juicios a mansalva que no eran comunicados a las víctimas, quienes sufrían el embargo de su salario o de su propiedad, sin haberse podido defender. Y un mismo pagaré era usado para nuevos juicios. La justicia desquiciada. Cuando el hecho salió a la luz, la Corte Suprema de Justicia usó la palangana de Pilatos y se lavó las manos. Gente poderosa regía tal mafia y las víctimas eran “solo” gente pobre. La justicia podridamente injusta.
Otra mafia es la de los títulos universitarios falsos.
Helio Vera decía que todos los paraguayos somos abogados hasta que se demuestre lo contrario. Hoy, un profesor de Derecho, tras el caso Hernán Rivas, afirma —pícaramente— que estamos ante el peligro de que “Todo abogado es falso hasta que muestre su título verdadero”. El diputado Raúl Benítez sostiene que hay una red falsificadora de títulos en el campo del Derecho, con protección política.
Existe una fábrica de títulos universitarios falsos en el mismo Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). El propio ministro lo denunció y la fiscala Teresa Sosa encabeza una investigación a propósito.
En el MEC hay 283 funcionarios sumariados y 13 jefes y directores separados de su cargo. El Ministerio detectó más de 250 títulos falsos de docentes. La fiscalía sospecha que hay más de 1500. Esta es una práctica que viene desde 30 años atrás. El MEC es un nido de pillines.
Las falsificaciones abarcan varias disciplinas. Por ejemplo, el diputado Yamil Esgaib afirma tener un grado en administración de empresas por la poco creíble Universidad Sudamericana (la de Rivas). Hasta ahora, don Yamil se niega a mostrar su título, alimentando más la sospecha.
En esta travesía por mafias vernáculas, puede usted hacer una parada en la del asfalto de la Municipalidad de Asunción, bajo dominio absoluto del movimiento Honor Colorado.
El concejal Pablo Callizo, de Patria Querida, puso al descubierto de forma indubitable cómo funcionarios municipales usaban 70 toneladas de asfalto, maquinarias y personal municipal, para asfaltar el estacionamiento y otras áreas de una empresa privada. Esta es una práctica consuetudinaria que siempre existió y se ocultó.
Hay un sofisticado universo mafioso operando en nuestro país con blindaje político. El IPS es otro ejemplo.
Extirpar estos grupos sin escrúpulos, que roban a pobres, falsifican títulos académicos o saquean el patrimonio municipal para ponerlo al servicio de los delincuentes, es un imperativo.
Las lacras, protegidas por la politiquería, están saqueando el país en un acto de viciosa traición.
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