Policías del orden fascista

Se anuncia para el 3 de setiembre, con recursos del pueblo paraguayo vía Itaipú, otra edición del “Congreso de Sostenibilidad Corporativa” del “Pacto Global Paraguay”, que bajo sombrilla de Naciones Unidas dirige en nuestro país Cristina Cano, en un edificio del pueblo paraguayo, la sede del Banco Central.

El objetivo es, según Cano, definir “criterios ambientales, sociales y de gobernanza”, la agenda ESG del globalismo, con el lema “Movilizando empresas al nivel que el mundo exige”, para impulsar “la adaptación de las empresas a los nuevos estándares globales”, para “acompañar al sector privado en la incorporación de la sostenibilidad dentro de sus estrategias y modelos de gestión, bajo los Diez Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas”.

El entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, presentó la iniciativa en el Foro Económico Mundial de 1999 con el objetivo de involucrar al sector privado y a la sociedad civil para “darle una cara humana al mercado global”; las ong Amnistía Internacional, Greenpeace y WWF, Transparencia Internacional son “co-fundadores y socios estratégicos”.

ESG, o ASG como la llama Cano, es un sistema del Foro Económico Mundial para empresas, sus Métricas del “Capitalismo de Stakeholders”. El Foro avanza así para que sus directrices ideológicas se infiltren en educación, leyes y medios de comunicación.

Herbert Marcuse y Jean-Paul Sartre tomaron el concepto de hegemonía cultural de Antonio Gramsci; Marcuse tendió el puente entre Gramsci y las políticas de identidad mediante “La coalición de las minorías” (“El hombre unidimensional”), donde propuso la “intolerancia liberadora”, ser intolerantes con las ideas contrarias al concepto de identidad cultural que ahora promueve el Foro mediante políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), para legitimar la gobernanza empresarial global. Sartre sostuvo que los pensadores, escritores y empresarios tenían el deber moral de utilizar su posición de privilegio para ejercer un rol de ingeniería social.

Se trata, explica Cano, de que las empresas en nuestro país adopten esas “nuevas” “exigencias en materia de sostenibilidad y debida diligencia, que las obligan a contar con trazabilidad, y responsabilidad hasta sobre sus cadenas de suministro; para aplicar los “nuevos” estándares “internacionales” como “compliance y debida diligencia empresarial”.

“Compliance” impone sistemas internos de gestión mediante los que las empresas quedan obligadas a que toda su operación, empleados y directivos cumplan con sus normativas y estándares “éticos” dictados mediante el enfoque de “tolerancia cero” imponiendo códigos de conducta, canales de denuncia y sanción para quienes violen dichas normas.

“Debida Diligencia” obliga a las empresas empresa a identificar, prevenir, y “mitigar” violaciones en toda su cadena de suministro (proveedores, contratistas y distribuidores) para “detener las prácticas dañinas detectadas y modificar los contratos comerciales para exigir sus estándares”.

Cristina Cano promueve, como se ve, un proyecto totalitario que pretende convertir a las empresas en policías de su “nuevo” orden fascista. Lo grave es que cuenta con la complicidad de empleados públicos de nuestra República.

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