Proviene del Confíteor —del latín confiteor, “yo confieso”—, oración del rito romano mediante la cual quien la pronuncia reconoce sus faltas: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Es decir: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Una expresión bien conocida por quienes concurren a las celebraciones dominicales de la misa y que, sin embargo, muchas veces no trasladan de la liturgia a su propia conducta cotidiana.
Con el tiempo, la expresión trascendió el ámbito religioso y pasó a representar algo mucho más amplio: la capacidad de reconocer el error propio, aceptar la responsabilidad por lo hecho o por lo omitido y, fundamentalmente, corregir la conducta que produjo sus consecuencias.
Hacer un mea culpa no consiste simplemente en arrepentirse. Significa mirarse a uno mismo y preguntarse, con sinceridad, ¿qué responsabilidad tuve yo en aquello que hoy critico?
Y esa pregunta, trasladada a nuestra realidad política, suele ser eludida. Deliberadamente eludida. Estamos acostumbrados a exigir el mea culpa de quienes gobiernan, y corresponde hacerlo. Pero, pese a las denuncias, las críticas y los reclamos reiterados, los resultados siguen sin aparecer.
Reclamamos explicaciones por la corrupción, por los desfalcos, por las sobrefacturaciones, por el saqueo del erario público, por el dispendio de recursos estatales, por la falta de insumos médicos, ambulancias, por las contrataciones amañadas, por la incorporación al presupuesto público de personas incompetentes cuyo principal mérito parece ser la pertenencia, cercanía o subordinación a determinados sectores políticos.
Nos indignamos cuando el dinero no alcanza para aquello que verdaderamente debería constituir una prioridad del Estado: la salud, la educación, la seguridad y el bienestar de la población.
Nos escandalizamos cuando faltan medicamentos, insumos, camas, especialistas o infraestructura, mientras observamos cómo los recursos públicos encuentran, curiosamente, caminos mucho más rápidos para viáticos, viajes de placer, bonificaciones, sobresueldos, bocaditos, flores y otros gastos difícilmente justificables, además de aquellos destinados a satisfacer intereses políticos. Y tenemos derecho a indignarnos.
Pero hay una pregunta que pocas veces queremos formularnos: ¿Y el mea culpa nuestro? Sí. El nuestro. El del ciudadano. El del elector. El de ese mismo ciudadano que después termina sufriendo las consecuencias de aquello que ayudó a elegir.
El de ese mismo pueblo que después reclama, protesta, denuncia y hasta mendiga ante el Estado aquello que el Estado debería garantizarle, pero que llegado el momento de elegir vuelve demasiadas veces a entregar su voto a quienes ya demostraron qué hacen cuando llegan al poder.
Leí una publicación encabezada con una polémica afirmación de Mario Vargas Llosa: “Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien”. La frase fue pronunciada por el escritor en 2021 y completaba su reflexión señalando que los países que “votan mal” terminan pagando caro las consecuencias de esas decisiones.
Esta afirmación encierra una idea que merece ser considerada: cada voto produce consecuencias. Y esas consecuencias no terminan cuando introducimos una papeleta en una urna. Comienzan allí.
El voto no es simplemente un derecho. Es también una responsabilidad. Quien vota participa en la construcción del poder que posteriormente habrá de gobernarlo.
Por eso existe una enorme contradicción cuando durante años denunciamos a políticos por corrupción, nepotismo, clientelismo, incompetencia o utilización del Estado en beneficio propio y, llegado nuevamente el día de las elecciones, una parte considerable de la ciudadanía vuelve a premiarlos con su confianza repitiendo las mismas decisiones, pero después nada cambia y nos resulta relativamente sencillo señalar con el dedo al gobernante, no así dirigir ese dedo hacia nosotros mismos.
Se critica al político corrupto, pero pocas veces se repara en quién lo colocó allí. Se cuestiona al que utiliza el Estado para favorecer a sus operadores, mientras no pocos toleran el clientelismo cuando el beneficiado es alguien cercano. Se censuran las contrataciones innecesarias y el ingreso a la función pública mediante influencias políticas; también al que, de pronto, aparece construyendo mansiones de origen patrimonial difícil de explicar, o al que pasa de vivir con privaciones a viajar con ostentosidad, en clase ejecutiva, exhibiendo un nivel de vida antes inalcanzable.
Pero la reacción termina allí: en la crítica, sin que esa indignación se traduzca luego en una conducta consecuente al momento de exigir responsabilidades o de elegir a quienes administran lo público. Se condena la corrupción, pero demasiadas veces se vuelve a votar al corrupto. Y allí comienza la contradicción.
No pretendo con ello disminuir un ápice la responsabilidad del gobernante. Quien administra fondos públicos tiene una responsabilidad infinitamente mayor y debe responder política, administrativa, civil y penalmente cuando corresponda. El voto ciudadano jamás puede convertirse en excusa para el ladrón. Pero tampoco podemos utilizar al ladrón como excusa permanente para evitar examinar por qué seguimos entregándole las llaves de la casa.
Y hay algo todavía más grave: muchas de estas conductas se desarrollan ante la llamativa impavidez de quienes tienen precisamente el deber de investigar, perseguir y sancionar. En particular, un Ministerio Público cuya inacción frente a determinados hechos alimenta la percepción de una degradación institucional sin precedentes y profundiza la desconfianza ciudadana en la Justicia. Porque tan grave como el abuso del poder es que quienes deben controlarlo miren hacia otro lado. Esa también es parte de la cuestión.
Una democracia no se agota en la existencia de elecciones. Necesita también ciudadanos conscientes de las consecuencias de elegir. Porque desperdiciar el voto no depende solamente de la calidad de los candidatos. También depende de la responsabilidad del votante.
La corrupción se alimenta de la memoria corta del elector: nos indignamos, olvidamos y volvemos a elegir, muchas veces anteponiendo favores o lealtades partidarias a los antecedentes. Tal vez por eso nuestro verdadero mea culpa debería comenzar precisamente allí.
Se vota por tradición, favores o lealtades, aun conociendo antecedentes graves, y luego se padecen las consecuencias: arcas vacías, hospitales sin recursos y ciudadanos mendigando aquello que el Estado debería garantizarles.
Ahí está precisamente la contradicción: quien ayer otorgó su voto, hoy puede terminar sufriendo las consecuencias de aquella elección. Por eso, no basta con culpar a “ellos”; también debemos preguntarnos qué responsabilidad tuvimos “nosotros” al llevarlos al poder. El verdadero mea culpa ciudadano se expresa en las urnas, mediante un voto consciente y responsable.
Equivocarse al votar puede ser un error; volver a elegir, conociendo los antecedentes, es reincidir. La corrupción no se combate solamente en la Fiscalía, los tribunales o la Contraloría: también se combate en las urnas.
No podemos condenar al corrupto ajeno y justificar al propio, ni seguir votando por tradición, fanatismo, favores o prebendas. Cada voto entrega poder y, con él, una cuota de responsabilidad.
Tenemos derecho a exigir el mea culpa de quienes gobiernan. Pero también debemos hacer el nuestro. Porque no basta preguntarnos qué hicieron quienes llegaron al poder; también debemos preguntarnos quiénes los llevaron hasta allí y por qué volvieron a hacerlo.
La próxima vez que nos indignemos ante otro escándalo, otro despilfarro o un hospital sin recursos, además de preguntar “¿qué hicieron ellos?”, deberíamos tener el coraje de preguntarnos: ¿Y NUESTRO MEA CULPA, CUÁNDO?
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