Ya sabemos que el caso de Hernán Rivas — expresidente del JEM condenado a ocho años de prisión por su título falso de abogado— es apenas la punta de un gigantesco iceberg. Rivas no actuó solo, al igual que los casi 1.000 funcionarios con títulos sospechosos denunciados por la Contraloría, o los más de 138.000 diplomas que la Aneaes puso bajo la lupa.
La auditoría de la Contraloría dejó conclusiones escalofriantes: de 1.766 expedientes, el MEC otorgó entre 2023 y 2026 reconocimiento oficial a 331 títulos (18,7%) con graves irregularidades, como carreras sin habilitación y 147 títulos de Medicina sin prácticas certificadas. Esto significa que 1 de cada 5 registros de la gestión de Luis Ramírez es irregular. A esto se suma el Cones, que no aplicó ni una sola sanción, permitiendo operar a 879 carreras sin vigencia, 184 en Ciencias de la Salud.
Por su parte, la Aneaes detectó 138.256 títulos sospechosos ante el MEC, con 71.093 de carreras no acreditadas (14.901 en Salud). Si bien la Fiscalía nombró investigadores, el objetivo no debe ser solo sancionar a los usuarios de títulos mau, sino llegar a los responsables. Como señaló el contralor Camilo Benítez, el problema es la falla del Estado al habilitar y controlar estas ofertas.
Allí el caso Rivas adquiere dimensiones alarmantes: la justicia probó que fue un “alumno fantasma”, pero no avanza sobre quienes avalaron su título apócrifo. Convenientemente se olvida que una de las rúbricas es del exjuez Óscar Rodríguez Kennedy —coautor de un libro con el fiscal general Emiliano Rolón— y quien admitió que firmó el papel rápidamente, sentado en su auto, o que el propio Rolón fue docente en un posgrado de la Universidad Sudamericana, donde surgió el cartón de Rivas.
Tampoco se cuestiona que el exministro Eduardo Petta cajoneara las alertas de su director anticorrupción, José Casañas Levi, sobre el título. O que Luis Ramírez mantuviera como hombre de confianza en el MEC y el Cones a Hermán Weinsensee, exrector que defendió el título de Rivas.
Las estructuras de poder convirtieron a las universidades en un lucrativo negocio que llena bolsillos y pone en riesgo el país. Los responsables deben recibir condena. Emiliano Rolón tiene hoy la tremenda oportunidad de probar que no avaló ni avalará que se siga empeñando el futuro del Paraguay.
Porque, ¿qué nos espera con médicos que no saben de medicina, ingenieros que no saben construir, abogados que no saben leer la ley o docentes sin pedagogía? Toda una sociedad sin capacidad de análisis crítico independiente. El resultado, terrorífico: zombies deambulando detrás del primer vivo que aparezca.