Con una mordaza de impunidad, juez esteño intentó acallar protestas

“El escrache no es la forma correcta de protesta” es la frase que está tácitamente escrita en el actuar de algunas autoridades. Limitando la libertad ciudadana, un juez esteño abogó por la impunidad de camaristas en caso de expolicía condenado por violación.

"El escrache no es la forma correcta de protesta" es la frase que está tácitamente escrita en el actuar de algunas autoridades.
"El escrache no es la forma correcta de protesta" es la frase que está tácitamente escrita en el actuar de algunas autoridades.

“Si la libertad significa algo será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír”, afirmaba el escritor George Orwell. Sin embargo, muchas veces esta idea suele quedar en el olvido, pues algunas autoridades realizan intentos de sofocar las voces de la gente en pos de intereses personales y el deseo de perpetuar el tufo de la impunidad.

En un intento de realizar lo mencionado, una resolución judicial pretendió poner límites a los reclamos cívicos, ocurridos en estos días. Con esta medida, el juez penal de garantías de Ciudad del Este Amílcar Marecos buscó prohibir el escrache y la manifestación popular contra los tres magistrados que dejaron en libertad a un expolicía condenado a diez años de cárcel por violación; los jueces fueron ya suspendidos a consecuencia del caso.

Tal prohibición atenta contra una premisa democrática expresamente presente en la Constitución Nacional. En este contexto, vale la pena que un juez, como supuesto defensor de las leyes, tenga presente el artículo 32 de la Carta Magna, que establece el derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente, sin necesidad de permiso alguno.

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Atendiendo a este derecho, el ferviente llamado a defender lo justo no dio lugar a la búsqueda de la impunidad. Grupos de defensa de los intereses del niño y la niña se presentaron en el predio del Poder Judicial de la ciudad esteña y frente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde debía tratarse el caso de los tres jueces repudiados.

Nuevamente, la voz cívica resonó en ecos de sensatez, mientras las manos que tendrían que proteger la justicia se encontraban firmando actas de represión. Entonces, aunque los ejemplos digan lo contrario, es importante recordar que un juez debería velar por el cumplimiento de las leyes y tener la Constitución por sobre cualquier idea personal, pues no posee las facultades para cambiar nada de lo existente en la Carta Magna ni el derecho de permitir que sus intereses la sobrepasen.

La libertad de expresión es una de las más apreciadas herramientas de un país democrático. Si cada sector social no tiene la oportunidad de manifestar sus inquietudes y reclamar a las autoridades sus malas acciones, ¿qué diferenciaría a nuestra convivencia cívica de una dictadura?

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Por Belén Cuevas (17 años)

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