Caso facturas clonadas: presidente de ONG CIAP obtuvo libertad ambulatoria

SAN LORENZO. El Juzgado de San Lorenzo ordenó la libertad ambulatoria de Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, presidente de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), imputado en el caso “facturas clonadas” que aparecieron en la rendición de cuentas de la Gobernación de Central para justificar la ejecución de US$ 1 millón (G. 6.382 millones), fondo covid-19, durante la pandemia. La ONG recibió G. 5.105 millones por parte de la institución departamental.

Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, titular de la ONG CIAP, consiguió en 2013 un llamativo contrato con el Ministerio del Interior.
Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, titular de la ONG CIAP.Archivo, ABC Color

Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, presidente de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), fue imputado en noviembre de 2021 por los supuestos hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.

Los fiscales intervinientes Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said solicitaron arresto para el procesado y dicha medida cautelar fue efectivizada recién en abril de este año por la magistrada María Elena Cañete del Juzgado de San Lorenzo, debido a las chicanas planteadas por la defensa de Álvarez Cristaldo, con el fin de dilatar el proceso penal en su contra.

Desde entonces, Tadeo Andrés cumplió con arresto domiciliario hasta el pasado 31 de agosto, día en que la jueza María Elena Cañete le otorgó la libertad ambulatoria. También obtuvo un permiso para salir del país desde el 6 de septiembre hasta el día 13 del mismo mes, debiendo comparecer nuevamente ante el Juzgado el día 14 para dejar constancia de su regreso.

La ONG recibió de la Gobernación de Central la suma de G. 5.105 millones a inicios del 2021, parte del millón de dólares, para llevar a cabo obras de infraestructura en espacios púbicos.

Sin embargo, informes de auditoría hechas por la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Contraloría General de la República, Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Subsecretaría de Estado de Tributación, confirmaron que CIAP no está habilitada para realizar este tipo de trabajos, según su estatuto social.

Segunda imputación para titular de CIAP

El fiscal Juan Ledesma, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), investiga otro caso que también involucra a la Gobernación del departamento Central, durante la administración del exgobernador colorado cartista Hugo Javier González Alegre (imputado y con arresto domiciliario en la primera causa), quien nuevamente fue imputado y solicitan otra vez su arresto.

Los supuestos hechos investigados son lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y apropiación. En este caso, el Ministerio Público nuevamente imputó el lunes pasado a Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo y el agente Ledesma solicitó su arresto.

La imputación fue admitida en la fecha por el juez Penal de Delitos Económicos, Humberto Otazú, pero aún no se fijó fecha de audiencia de imposición de medidas para Álvarez. En este segundo caso 50 personas fueron imputadas por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, apropiación y asociación criminal.

Antecedentes

En octubre de 2021, los concejales departamentales liberales Roque Ávalos, Adrián Vaesken, Laura Moreira, Derlis Larroza, Daniel Ferreira, Benita Jara y Dilio Ortiz, denunciaron ante el Ministerio Público, dudosas transferencias realizadas por la Gobernación de Central y la falta de documentos respaldatorios que avalen la buena ejecución de los recursos desembolsados durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020.

El informe final de auditoría hecha por la Contraloría General de la República (CGR) en la causa fue fundamental para la denuncia realizada por los ediles del PLRA.

Varias oenegés, entre las mismas CIAP, fueron beneficiadas con recursos de la Gobernación de Central. Según el Ministerio Público, durante los años 2019 y 2020 fueron transferidos más de G. 50.000 millones de los cuales ahora, existiría un daño patrimonial, en principio, de más de G. 24.000 millones.

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