Por el AI N° 301, la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, resolvió confirmar el arresto domiciliario de la Dra. Ana Stael Alfonso Vera, médica forense del Poder Judicial, que está imputada por los hechos punibles de expedición de certificados de salud de contenido falso, cohecho pasivo agravado, en el caso Mercat, en el que fue detenido Walter Galindo, en abril último.
La resolución judicial se expidió tras culminar la audiencia de revisión de medidas, llevada a cabo este miércoles último, a pedido de la abogada Delfina Cibils, quien ejerce la defensa de Ana Alfonso. De la diligencia también participó el agente fiscal antidrogas Carlos Alcaraz.
Ana Alfonso fue detenida en junio pasado y por AI N° 163, la jueza Rosarito Montanía decretó su prisión preventiva y luego, por AI N° 184 ese mismo mes, hizo lugar al pedido de la defensa y otorgó a la incoada el arresto domiciliario en una vivienda de Fernando de la Mora, jurisdicción de la comisaría 53 Central San Miguel.
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La fiscalía presume que Alfonso habría recibido dinero de parte de Walter Galindo, para elaborar dos informes: uno el 27 de mayo de 2021, en el que constaba que se constituyó en el Departamento de Judiciales para evaluarlo y en su escrito, señaló que la reclusión no era apta para él, por su comorbilidad. El documento fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías N° 2 de Lambaré y así obtuvo medidas sustitutivas en el marco de la causa 1.062/21.
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Defensa alega enfermedad y juzgado señala peligro de obstrucción
La abogada defensora de la médica forense solicitó la libertad ambulatoria para la misma, atendiendo que tiene tres hijos, dos de los cuales viven con ella, además de su condición de salud, atendiendo que padece de lupus y artritis reumatoidea, que acreditó con certificado de salud, para su tratamiento.
Añadió que la médico forense no puede realizar el tratamiento a su dolencia, debido al alto costo del profesional y que además, no está percibiendo su salario ya que se encuentra suspendida en sus puestos, por lo que solicitó la libertad ambulatoria para asistir a los hospitales IPS Ingavi, Materno Infantil de Fernando de la Mora y San Lorenzo, en días y horarios distintos.
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Por su parte, el fiscal Carlos Alcaraz informó que “la procesada obstaculiza el normal desarrollo de la etapa preparatoria y esa es una realidad que existe”. Además, que si alega cuestiones de salud, no habría inconveniente en acompañar las solicitudes para la procesada sea vista por un profesional.
Por último, la magistrada refirió que la situación procesal de Alfonso varió y “llama la atención de esta Juzgadora, el comportamiento procesal de la imputada, quien a la fecha obstaculiza el avance de la investigación, hasta podríamos creer que es con la simple intención es frustrar un posible resultado desfavorable a sus intereses en el proceso”.
Y en vista a que el Ministerio Público debe presentar el próximo 9 de diciembre su requerimiento conclusivo, “aún existen altas probabilidades de que la imputada destruya o modifique elementos de pruebas, o incluso que influya en los testigos o peritos a que informen falsamente sobre los hechos”.