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El juez de Garantías especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás, notificó a los fiscales Silvio Corbeta y Omar Legal que decidió resolver a favor del pedido de los agentes sobre la situación de los bienes tanto de Joaquín Roa, como de Alberto Koube Ayala. Este último está procesado en el caso A Ultranza Py.
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La notificación señala que decreta la inhibición de gravar bienes y vender para los imputados. También resolvió librar los oficios correspondientes.
El documento del Poder Judicial contiene el acta de imputación donde se explica que el Ministerio Público requiere estas medidas ante los supuestos que hacen a la urgencia, peligro o pérdida que podrían ser ocasionados por los imputados y en los propósitos de las medidas cautelares.
Resalta que se busca garantizar el resultado del proceso como así también, asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia, evitando de esa manera, la acción de los sospechosos de la abstracción de la acción punitiva del estado.
Se podría ampliar la imputación, advierte la fiscalía
La resolución menciona además que existe la posibilidad de ampliar la presente imputación por otros hechos punibles de orden económico ya que existen indicios de que la SEN podría haber sufrido un perjuicio patrimonial.
En otra parte el Juzgado Penal manifiesta que decretar los embargos preventivos, así como la inhibición general de gravar y vender, “dejando expresa constancia que las medidas cautelares se litigan de forma independiente a la cuestión de fondo, son medidas preventivas, es decir, en caso de comprobarse un supuesto daño”, puntualiza.
Proceso contra Roa y el supuesto vínculo con Koube
El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás admitió la imputación y procesó al exministro de 62 años, por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) y lavado de dinero.
Roa habría otorgado licitaciones para el alquiler de camiones y compra de chapas una firma vincula con Koube, alcanzando un monto de G. 16 mil millones aproximadamente
Los antecedente detallan que Roa intentó justificar la compra de una embarcación, que cuesta U$S 450.000, o más de G. 3.200 millones al cambio actual, presentando un contrato privado sin certificación de firma y los investigadores cuentan también con un cheque del banco Basa por U$S 150.000, pero se presume que se trata de una simulación de pago.