Juez otorga arresto a jefe policial imputado por presunta extorsión

El juez José Agustín Delmás otorgó el arresto domiciliario al subcomisario Rodolfo Martínez Molinas y trabó el embargo de un inmueble hasta cubrir la suma de G. 290 millones, como garantía real. El mismo era jefe de inteligencia del Departamento Contra Delitos Económicos de la Policía y está imputado por supuestamente extorsionar a comerciantes para no incautar mercaderías.

Óscar Erwin Villamayor Báez, detenido en sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
Óscar Erwin Villamayor Báez, detenido en sede de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).gentileza

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El jefe de Inteligencia del Departamento Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía, subcomiasario Rodolfo Martínez Molinas, cumplirá arresto domiciliario en un inmueble del barrio Republicano de Asunción, así dispuso el el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás, mediante el AI N° 248. Supuestamente extorsionaba con pedido de dinero a comerciantes para no incautar sus mercaderías.

El magistrado además impuso una caución real a Rodolfo Martínez, sobre un inmueble individualizado como Matrícula L02/6454 de Capiatá, barrio Santa Librada con cuenta corriente catastral N° 27-369-05, valuado en la suma de G. 298.657.000 cuyo titular es Ana María Martínez Molina, y también trabó el embargo hasta cubrir la suma de G. 290 millones.

En la audiencia de revisión de medidas, el abogado defensor señaló que su defendido tiene suficiente arraigo y “tampoco existe peligro de fuga y obstrucción de un acto concreto de la investigación, pues el mismo no podrá destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba”.

Añadió además, “solicito que este juzgado haga lugar a lo solicitado, teniendo en cuenta que uno de los investigados en la presente causa, ya ha sido beneficiado con una medida menos gravosa por lo que pido que tenga presente la igualdad procesal”.

Por su parte, el fiscal Néstor Coronel se allanó al pedido de la defensa e informó a ABC que su postura se debió a que, junto con el fiscal Rodrigo Estigarribia, consideraron que ya no hay peligro de obstrucción de la investigación, que para ellos ya está prácticamente cerrada.

Procesados por supuesta extorsión a comerciantes por presunto contrabando

El pasado 2 de marzo los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Rodrigo Estigarribia y Néstor Coronel, encabezaron procedimientos mediante los cuales fueron detenidos Óscar Erwin Villamayor Báez, jefe de operaciones de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), el subcomisario Rodolfo Martínez Molinas y el estibador Alcides Ramón Villalba.

Los tres fueron imputados por los hechos de cohecho pasivo agravado (coima) y extorsión, y desde el 3 de marzo cumplen prisión preventiva. Sin embargo, Alcides Ramón Villalba poco después fue beneficiado con arresto domiciliario y ahora, también el subcomisario.

De acuerdo con información proporcionada por los investigadores, a mediados del mes de setiembre de 2022 el Ministerio Público recibió una denuncia en la que se daba conocimiento sobre la existencia de un grupo o equipo de funcionarios de la COIA y la Policía contra Delitos Económicos y Financieros que coaccionaban y extorsionaban a trabajadores del mercado que comercializaban productos de supuesto contrabando.

La modalidad en que operaban los integrantes de este equipo consistía en constituirse en un local de cualquiera de los mercados del país, ya que tienen jurisdicción a nivel de la República, donde señalaban que los productos que tenían para la venta eran de contrabando.

El comerciante, de esta forma, era tomado por sorpresa y en ese mismo “operativo” los intervinientes de su negocio le exigían el pago de una suma de dinero determinada o la que tenían en ese momento a cambio de no incautar los productos dispuestos para la venta.

En el caso de la denuncia recibida, ocurrió en el mercado de San Lorenzo, donde una comerciante entregó la suma de G. 25 millones en efectivo, dinero que no era suyo sino de otro comerciante. Esto bajo la condición de que no iban a incautar las mercaderías que tenían en el sitio. Sin embargo, tras recibir el dinero igual procedieron a llevar las mercaderías de presunto contrabando, que estaban ahí, pero no pertenecían a la denunciante.

Además, siempre según la denuncia, los integrantes del equipo interventor también exigían pagos semanales de dinero que oscilaba entre los G. 200.000 y G. 300.000 en efectivo, a modo de que no intervengan más el negocio ni se lleven las mercaderías.

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