El próximo 26 de septiembre se cumple el plazo extraordinario para que el fiscal Silvio Corbeta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) presente el requerimiento conclusivo en la causa que investiga sobre un presunto defalco que causó un daño patrimonial de G. 18.300 millones, a la Gobernación de Central durante los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021.
En el marco de esta investigación, ayer el juez especializado José Delmás declaró la rebeldía y ordenó la captura de los procesados Natalia Valenzuela Gómez, Esteban Álvarez Quevedo, Claudio Servín Notario, José López Duarte e Israel Espínola Ferreira, porque no se presentaron en sus respectivas audiencias de imposición de medida.
Inicialmente, fueron imputadas 49 personas, incluyendo al ahora exgobernador Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), además de funcionarios que pertenecieron a su administración, contratistas, proveedores y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Durante el proceso penal fallecieron dos supuestos implicados cuyas causas se extinguieron por tal motivo. Ahora, siguen investigadas 47 personas de las cuales, según declaraciones del fiscal Silvio Corbeta, varios solicitaron ser beneficiados con salidas procesales que están siendo analizadas.
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Corbeta también dijo que no se descartan nuevas imputaciones en el caso. Se presume que esto podría darse luego de las declaraciones testificales de los actuales imputados. Algunos cumplen medidas cautelares como arresto domiciliario y otros están con libertad ambulatoria.
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Los hechos investigados son lesión de confianza, apropiación, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. El Ministerio Público sospecha que en la institución departamental de Central se creó un esquema delictivo que operó con la complicidad de funcionarios, directores, proveedores y miembros de cinco ONG para desviar supuestamente más de G. 18.300 millones.