El juicio oral y público prosiguió con el relato fáctico que atribuyen las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera en la acusación contra el exfiscal general Diaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
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La audiencia pública proseguirá el lunes próximo a las 8:30, según dispuso el tribunal de sentencia integrado con los jueces Víctor Hugo Alfieri, Alba González y Darío Báez.
Ratificaron exclusión de informe sobre patrimonio ganadero
En la etapa incidental del juicio oral, las representantes del Ministerio Público intentaron nuevamente ingresar como prueba el informe sobre el patrimonio ganadero de la pareja acusada, que había sido excluido en la etapa de audiencia preliminar por el juez penal de garantías Julián López.
Las fiscalas Silva y Aguilera argumentaron vanamente ante el tribunal y ante la Cámara, que la referida prueba no se trataba de una pericia, sino de un informe conducente y pertinente que ayudaría al tribunal de sentencia para determinar varios hechos que hacen a la cuantía del patrimonio de Diaz Verón y de su esposa.
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Sin embargo, aún así, el pedido de inclusión probatoria del informe sobre el ganado, no fue admitido en ambas instancias.
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Injustificado patrimonio de G. 10.500 millones
Según la acusación del Ministerio Público, presentada el 13 de agosto de 2019, el ex fiscal general del Estado y su esposa no pueden justificar nada menos que G. 10.495.174.320 como obtenidos lícitamente, entre los ingresos y egresos que tuvieron entre los años 2008 y 2017.
Esposa ayuda a “blanquear” bienes ilícitos, según la Fiscalía
Los fiscales Nathalia Silva y Osmar Legal detallaron en su escrito de acusación que el desfase se empieza a dar en el 2010, con relación al ex fiscal general del Estado, cuando era fiscal adjunto, ese año tuvo más gastos que dejó un déficit de G. 277.362.657. Al año siguiente, otro déficit de G. 195.585.539
En el mes de noviembre de 2011, Díaz Verón fue nombrado fiscal general del Estado y siguió arrastrando déficit año tras año. En 2017 culminó con egresos –que no puede justificar– por G. 615.756.078.
Sin embargo, la mayoría de los bienes fueron ocultados a través de su esposa, María Selva Morínigo, que fue funcionaria pública del Fondo Ganadero desde el 2008, año que concluyó con un superávit de G. 128.471753, siempre según la acusación del Ministerio Público.
En el año 2010, la mujer empezó a acrecentar el dinero con inversiones, con la creación de la sociedad Lagunitas SA con acciones de G. 4.474.300.000, inversión realizada para la compra de ganado y la construcción de obras en un inmueble de la citada firma.
Las “inversiones” siguieron y en 2013, María Selva tuvo un déficit de G. 5.417.194.422. La mujer aumentó a G. 260.000.000 el capital de la firma Yerutí SRL (de 2014 a 2017) y en la empresa Salty River SA, María Selva Morínigo intervino y participó como representante de la firma Canto Rodado SA. De esa forma, destinó inversiones de G. 598.227.088.
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Entre 2014 y 2017, la esposa del ex fiscal general inyectó capital a Canto Rodado por G. 2.331.888.851. En esa firma, aparecen sus hijos Yerutí y Alejandro Díaz Morínigo, quienes no poseen ingresos que justifiquen sus aportes.
Otra forma de ocultar bienes de la pareja fueron las regulaciones de honorarios profesionales de María Selva por un supuesto valor de G. 777.812.539 y con solo 29 facturas.