Por Acta número 2097 del 18 de septiembre pasado, el Consejo de la Magistratura elevó a la Corte Suprema de Justicia la terna de candidatos y sus respectivas puntuaciones, de entre quienes la máxima instancia judicial deberá decidir quién ocupará el cargo vacante de juez penal de garantías en el distrito de Tomás Romero Pereira.
La terna está conformada por Ninfa Dejesús Aguilera de Duarte (593,25 puntos), Nelson Luis Báez Araújo (612,25 puntos), y Artemio Rubén Lial Espinoza (537,2 puntos). Este último se desempeñó como fiscal en lo criminal de la Región V del Ministerio Público y fue escrachado en el 2020 por una organización de vecinos (Ciudadanos Unidos de Itapúa-CUDI) por presuntamente “cajonear” una denuncia sobre un supuesto faltante de G. 2.000 millones en la Municipalidad de Encarnación. Estuvo también en los inicios de la investigación del caso incendio en la Municipalidad de Encarnación.
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Suspensión en el cargo
Nelson Báez había sido designado por la Corte como juez penal de garantías en San Pedro del Paraná en el año 2013. En el 2019 un equipo auditor de la Corte había detectado al menos 22 casos en los cuales el entonces juez Báez otorgó medidas alternativas a la prisión, cuando no correspondían tales decisiones, por lo que fue suspendido sin goce de sueldo y luego ya no fue confirmado en el cargo.
Eso fue algo superado y fue injusto, afirmó el abogado Báez al ser consultado sobre su antecedente. En ese momento fui uno de los pocos en animarse a aplicar medidas menos gravosas, cuando hoy es una recomendación de la Corte y es el criterio que prevalece, indicó.
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Báez no descartó que detrás del cuestionamiento a su postulación haya “gente interesada y mal intencionada” y rechazó que esté recibiendo ayuda del político Derlis Maidana (ANR HC) quien según las versiones supuestamente hace “lobby” por su designación. “Ningún político estuvo rindiendo conmigo el examen de calificación”, expresó.