En un proceso de extradición que se ejecuta este jueves, el uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo será remitido a los Estados Unidos, donde es requerido por la supuesta comisión de conspiración para realizar lavado de dinero.
Santoro será trasladado desde su lugar de reclusión hasta la base de la Senad, desde donde luego será remitido al aeropuerto Silvio Pettirossi para abordar un avión privado que lo lleve a los Estados Unidos, según reveló el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid.
“Él es un elemento importante. Básicamente, se dedicaba a administrar el dinero y eso tuvo afectación directa en el sistema financiero estadounidense”, señaló el ministro.
Lea más: A Ultranza: Estados Unidos tiene camino libre para extraditar a Federico Santoro
Recaudos de seguridad
Rachid señaló que se tomaron los recaudos correspondientes en cuanto a seguridad, considerando la magnitud criminal del procesado. En ese sentido, no quiso dar a conocer el horario en que abordará el vuelo.
Comentó que será custodiado por agentes de la Senad y de las fuerzas de EE.UU., quienes llegaron ayer para ejecutar la extradición.
Mano derecha de Marset
El considerado mano derecha del narco uruguayo Sebastián Marset fue detenido en Minga Guazú, en agosto del año pasado. Era el encargado del ámbito financiero del esquema criminal y de narcotráfico que fue desmantelado en el megaoperativo antidrogas “A Ultranza Py”.
Lea más: Mano derecha de Marset acepta extradición a EE.UU., pero antes debe resolver proceso en Paraguay
En dicha causa, fue imputado en nuestro país por lavado de dinero y asociación criminal. Dicho proceso penal fue suspendido, pero podría continuar en nuestro país, según aclaró Rachid.
La Fiscalía paraguaya había solicitado el criterio de oportunidad con fines de extradición para el uruguayo, allanándose al pedido de los Estados Unidos.
Sin embargo, el proceso puede reanudarse si es absuelto o no satisface la condena en el país norteamericano, teniendo en cuenta que por A Ultranza se expone a una pena de 5 a 22 años de privación de libertad.