El agente fiscal Alberto Torres Flores, de la Unidad Penal n.º 3 de Presidente Franco, formuló imputación contra un hombre por la presunta comisión de los hechos punibles de violencia familiar, amenaza de hechos punibles y coacción grave. El imputado, de 37 años, se encuentra privado de libertad con pedido de prisión preventiva.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los hechos ocurrieron el 28 de julio de 2025, alrededor de las 04:00, en una vivienda ubicada en el kilómetro 6,5 Monday del barrio Dios Padre Misericordioso de Presidente Franco. En esa ocasión, el imputado habría llegado en estado etílico y bajo efectos de estupefacientes, iniciando agresiones verbales contra su concubina, de 30 años, en presencia de sus hijos menores de 16 y 9 años.
El acta de imputación señala que el hombre profirió insultos de carácter denigrante hacia su pareja, amenazándola incluso de muerte y advirtiendo que atentaría contra sus hijos. Además, amenazó con quemar la vivienda familiar y el automóvil en caso de ser denunciado ante la Justicia.
Posteriormente, tras la denuncia, la mujer y su hija adolescente de 16 años declararon ante la Unidad Fiscal, manifestando que las agresiones verbales y físicas eran reiteradas y de larga data, configurando un “hostigamiento continuado”. Ambas señalaron que temen por sus vidas, ya que el procesado mantiene conductas violentas pese a la prohibición judicial de acercamiento.
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A partir de los elementos de sospecha, el fiscal Torres dispuso en su momento la detención preventiva del sindicado, quien permaneció prófugo de la Justicia hasta que, en la mañana del miércoles 10 de septiembre, se presentó en la sede del Ministerio Público de Presidente Franco. En ese lugar fue aprehendido, luego de que funcionarios de la institución alertaran a los agentes policiales.
La imputación se sustenta en la denuncia radicada en la Subcomisaría n.º 12 del barrio San Miguel de Presidente Franco, en la copia del A.I. N.º 626 dictado por el Juzgado de Paz, declaraciones testificales, fotografías y capturas de mensajes de texto que vinculan al procesado con los hechos investigados.
El Ministerio Público solicitó como medida cautelar la prisión preventiva del imputado, considerando la gravedad de los hechos, el peligro de fuga y la alta expectativa de pena privativa de libertad. Además, pidió un plazo de cuatro meses para la conclusión de la investigación y la presentación del requerimiento conclusivo.