La Dirección General de Material Bélico (Digemabel) analiza el origen de los materiales explosivos utilizados en el asalto al banco de Katueté. Según su director, el general Melanio Servín, el estudio técnico determinó que uno de los restos encontrados corresponde a una fabricación reciente, de marzo de este año.
Agregó que el material fue importado por la institución en mayo y vendido por última vez el 22 de septiembre a una empresa ubicada en las cercanías del hecho. “Coincide con una empresa que está en las cercanías donde ha ocurrido el evento”, reveló.
Mencionó que con estos datos los investigadores centran la atención en cuatro compañías de la zona, aunque el mismo lote de explosivos fue adquirido por un total de 15 empresas a nivel país.
Servín indicó que un equipo especializado de Digemabel, con autorización de la Fiscalía, realiza ahora una inspección física para obtener nuevos indicios que ayuden a esclarecer cómo los materiales terminaron en manos de los delincuentes.
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Investigación activa y coordinación con Fiscalía
A poco más de 24 horas del ataque, Digemabel continúa la etapa investigativa con el objetivo de determinar el recorrido de los explosivos desde su origen hasta su uso en el atraco, según Servín.
El director aseguró que la institución está abocada a obtener toda la información posible para apoyar el trabajo del Ministerio Público y de las demás fuerzas de seguridad involucradas.
También recordó que la Digemabel tiene bajo su control la importación y comercialización de materiales explosivos en el país y que su uso debe limitarse a fines industriales, como la explotación minera.
Mercado ilegal y lucro criminal
Servín advirtió que las organizaciones criminales aprovechan la necesidad económica de algunas personas vinculadas al sector minero para acceder ilegalmente a los explosivos.
Mencionó que un material clave, como el cordón detonante, cuesta oficialmente unos G. 6.500 por metro en el mercado local, pero los grupos delictivos llegan a pagar hasta G. 50.000. Resaltó que esa diferencia se convierte en una tentación para los técnicos y explosivistas autorizados, que pueden verse seducidos a venderlos de forma irregular.
Sanciones severas a empresas implicadas
El general aclaró que la comercialización ilícita de explosivos constituye un delito. Indicó que, en esos casos, Digemabel debe comunicar los hechos a la Fiscalía y, paralelamente, aplicar medidas administrativas que incluyen la cancelación de licencias y el retiro de los materiales.
Subrayó, en ese sentido, que las empresas involucradas quedarían inhabilitadas de manera definitiva para operar en el mercado.
Presunción de inocencia y cooperación judicial
Aunque la Digemabel tiene identificadas las empresas que adquirieron el lote sospechoso, Servín aclaró que todas mantienen la presunción de inocencia mientras avanza la investigación.
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No obstante, indicó que si los análisis y las verificaciones confirman irregularidades, los resultados serán remitidos al Ministerio Público para las acciones correspondientes.
