Según una denuncia formal presentada ante el Ministerio Público, alrededor de las 05:00 del 29 de diciembre, un grupo de civiles armados, presuntamente guardias privados contratados por el propietario de una estancia, irrumpió en el territorio ancestral reivindicado por la comunidad indígena Tekoha Karapá, ubicada en el distrito de Ypejhú, departamento de Canindeyú.
Los atacantes efectuaron disparos de armas de fuego contra las viviendas y contra hombres, mujeres y niños, lo que obligó a los pobladores a huir y refugiarse en el monte para resguardar sus vidas. Posteriormente, incendiaron de forma deliberada los ranchos, así como ropas, alimentos y enseres básicos, dejando a la comunidad en una situación de extrema vulnerabilidad.
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Aislamiento forzoso y bloqueo a las autoridades
Uno de los aspectos más alarmantes denunciados es el aislamiento forzoso al que está sometida la comunidad indígena. De acuerdo con el escrito, los civiles armados mantienen un cerco que impide el ingreso de asistencia humanitaria, así como el acceso de funcionarios del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y agentes pastorales que intentaron llevar víveres a los afectados.
Incluso, se denuncia que la Policía Nacional fue impedida de ingresar al lugar, configurándose una retención ilegal de patrulleras, lo que representa un abierto desafío a la autoridad estatal y al orden público. Los denunciantes advierten que este hecho constituye un atentado contra la soberanía del Estado paraguayo.
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Alerta por posible etnocidio
El presidente de la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, monseñor Miguel Fritz, Vicario Apostólico del Pilcomayo, hizo suya la denuncia del líder indígena Gildo Romero Venialgo y advirtió sobre la inminente amenaza de etnocidio.
El religioso solicitó una intervención urgente de la Fiscalía y de las fuerzas del orden, señalando que el territorio afectado se encuentra además dentro de la franja de seguridad nacional, lo que agrava la situación. 25-12-31 Denuncia Caso Karapá
Pedido de intervención inmediata
En el petitorio presentado ante la Fiscalía General del Estado, los representantes de la comunidad indígena solicitan medidas urgentes para garantizar la integridad física de los pobladores, el cese del asedio armado y el despeje de los accesos bloqueados.
Asimismo, exigen el inicio de una investigación penal para identificar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos, que podrían configurar delitos como tentativa de homicidio, incendio, coacción grave, privación de libertad y atentado contra el orden constitucional.