Los casos de San Lorenzo, en el que Johana Villasanti y su hija, Divina Luana, fueron asesinadas presuntamente por la expareja de la mujer, Luis Fernando Esquivel en San Lorenzo, se suma al feminicidio de María Francisca Báez, asesinada en Mariano Roque Alonso por su pareja, Christian Fabián Pereira, quien se autoeliminó tras concretar el hecho. Todos ocurrieron en el departamento Central y en menos de 24 horas. Además, se suman a otros tres casos solo en enero de este nuevo año.
Al respecto, Elida Favole, directora de Acceso a la Información del Ministerio Público, mencionó que los datos son “bastante preocupantes”, al igual que “conmocionan” también en el contexto que se registran.
“Si bien siempre toda vida es bastante relevante, hay que señalar el enseñamiento y violencia con la que se da. El 2025 cerramos con 37 víctimas, una víctima de 12 años, una de 11; fueron cuatro menores de edad en 2025″, acotó.
Asimismo, detalló que el año pasado hubo más de 50 víctimas de tentativa de feminicidio, que en estos casos, “es aquel escenario donde el autor tuvo toda la intención de matar a la víctima, pero por un factor externo a él no consiguió hacerlo”. A esto también se suman las víctimas “indirectas”, que son los hijos.
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“Las respuestas son insuficientes”
Según la representante del Ministerio Público, los casos de violencia y extrema violencia “nos tiene que llevar a reflexionar como sociedad”, al igual que a nivel estatal, se debe trabajar aún más en la prevención.
“Si bien el Ministerio Público actúa una vez consumado el hecho, esto se tiene que trabajar desde la educación. Todavía como Estado somos muy reacios a todo lo que sea el abordaje en materia de género; en algún momento el Estado tiene que trabajar en todo lo referente a políticas públicas de prevención”, agregó.
Inclusive reconoció que “hoy las respuestas son insuficientes” como en el caso de la restricción, ya que este “un papel que no le va a atajar” a una persona violenta de acercarse a una víctima.
“Para esos casos de niveles medios o altos de violencia estamos hablando de arresto domiciliario con tobillera o directamente la prisión preventiva. También todo lo que tiene que ver con las evaluaciones psicológicas tienen que ser de forma inmediata, pero ahí es otra falencia que tenemos como Estado; el gobierno no invierte presupuestariamente en recursos, por lo menos en lo que corresponde al Ministerio Público. Hay poco más de 70 psicólogas para 30.0000 casos de violencia familiar”, lamentó.
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