Ayer, domingo, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y otras instituciones llevaron a cabo el ‘Operativo Umbral 2.5’, que consistió en el traslado de mujeres privadas de su libertad de varias cárceles “mixtas” al Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de su Libertad, ubicado en la ciudad de Emboscada.
El operativo concretó el traslado a Emboscada de 361 mujeres privadas de su libertad, quienes estaban recluidas en cárceles mixtas –donde también hay hombres privados de su libertad– en Pedro Juan Caballero, Concepción, Misiones, Encarnación y Villarrica, y en la cárcel de mujeres ‘Juana María de Lara’ de Ciudad del Este, que se cierra de forma definitiva.
En una conferencia de prensa este lunes, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, indicó que el traslado permite la “separación efectiva” de mujeres condenadas y de aquellas con procesos abiertos, además de permitir cumplir el mandato constitucional de no encerrar a hombres y mujeres en un mismo sitio.
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Recordó que el Complejo de Emboscada fue creado para albergar exclusivamente a mujeres privadas de su libertad y ofrecerles “condiciones dignas y adecuadas para seguridad y aplicación de programas de reinserción social”, dijo el ministro Nicora.
Con la concreción del operativo ‘Umbral 2.5’ culmina “una etapa marcada por vulnerabilidades del sistema y avanzamos hacia un enfoque de reinserción social, haciendo hincapié en la seguridad del ciudadano” y “se elimina el histórico problema de hacinamiento en el sistema penitenciario para mujeres”, agregó.
El ministro comentó que el operativo de traslado de las mujeres privadas de su libertad involucró a 737 agentes de la Policía y 507 efectivos del Ejército, con el acompañamiento de 62 funcionarios del Ministerio de Justicia y 26 trabajadores de blanco del Ministerio de Salud Pública.
Riera promete aplicación “masiva” de tobilleras
Durante la conferencia de prensa, el ministro del Interior, Enrique Riera, reiteró un compromiso de implementar en mayor escala el sistema de monitoreo de personas con arresto domiciliario por medio de tobilleras electrónicas.
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Recordó que la Policía tiene disponibles unas 1.000 tobilleras, pero hasta ahora solo se han colocado 200 a personas con arresto domiciliario, mientras que el resto de las más de 9.000 personas bajo ese régimen reclusivo en teoría deben ser monitoreadas en persona por agentes policiales, cuyo número es insuficiente para esa labor.