El 3 de agosto de 2022 se registró el secuestro del cambista paraguayo Vicente Arsenio Centurión Ramírez, en la ciudad de Villa Elisa. El mismo fue hallado sin vida en febrero de 2023, en la ciudad de Artigas, departamento de Itapúa. El trasfondo del caso sería un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico internacional.
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La investigación del caso está a cargo del fiscal Lorenzo Darío Lezcano Sánchez, quien formuló imputación, luego de la denuncia hecha por los familiares de Vicente Centurión registrada 5 días después de haber perdido contacto con el cambista. En la ocasión se supo que la última ubicación del desaparecido fue en la ciudad de San Lorenzo.
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Inicialmente el proceso se inició contra César Alexis Elizeche Núñez, presunto secretario de Julio César Duarte Servián, propietario de la casa “Zafra Cambios SA” de Pedro Juan Caballero y que fuera condenado a 18 años de cárcel por el caso Status; así como el boliviano Luis Darío Cándia Zelada, alias Luis Osho, sentenciado a 18 años de prisión en el caso Espada o Sword.
Por otra parte, el piloto Sindulfo Abel Fernández Pavetti, así como su supuesto jefe Gustavo Osmar González, también fueron procesados en el marco de esta causa, que tuvo ya condenas y otras movidas estratégicas por parte de la Fiscalía.
Secuestro, extorsión y pago por liberación de cambista
De acuerdo con datos del caso, el 8 de agosto de 2022 se presentó ante la Fiscalía José Carlos Centurión Ramírez, hijo del cambista Vicente Centurión, para denunciar el secuestro de su padre desde el 3 de agosto de ese año. El denunciante reveló la exigencia de pagos de sumas de dinero para su liberación, además de que ya había entregado la suma de US$ 52.000 el 5 de agosto.
Según la denuncia, a las 23:00 del 3 agosto de 2022, José Centurión recibió una llamada de un número telefónico con profijo perteneciente a Bolivia. En dicha comunicación, una voz masculina le informó que su padre estaba en cautiverio en ese país y que el cambista adeudaba una suma de US$ 800.000.
El hombre también advirtió al hijo del cambista que el pago de esa deuda era su responsabilidad, para que en Paraguay pueda solucionar el problema. Le exigió el dinero o en su defecto una garantía de algún inmueble en un plazo de 24 horas. Mediante esa llamada también indicaron dónde quedó abandonada la camioneta Toyota Fortunner negro, con placa AAGO873, de su padre.
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El hijo del cambista, José Carlos Centurión, también relató que ese 3 de agosto tuvo una última comunicación con su padre, poco después del mediodía, cuando Vicente Centurión le había dicho que estaba siguiendo a Sindulfo Abel Fernández Pavetti, un excompañero de colegiatura de José Carlos.
Durante esa comunicación, Vicente Centurión le envió a José Carlos Centurión su ubicación en tiempo real al tiempo de avisarle que temía por su vida. Minutos después se cortó la comunicación entre padre e hijo.
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El 4 de agosto, desde el mismo número boliviano, José Carlos Centurión recibió una fotografía de su padre sentado en una cama, con los ojos vendados, además de la advertencia de pagar US$ 70.000 para el final de ese día. A las 16:00 de esa jornada, José Carlos indicó que tenía listo el pago de US$ 51.967, más G. 250.000 y recibió la foto de un billete de G. 2.000, bajo la modalidad de Token, y un número de contacto.
José Carlos Centurión concretó un encuentro con un hombre de nombre César Alexis Elizeche Núñez, quien recibió el dinero sin conocer el motivo de ello, hasta que el hijo del cambista le explicó el contexto. La reunión se llevó a cabo en un local gastronómico de nombre Javira, del Shopping Mariano, de la ciudad de Mariano Roque Alonso.
Investigación fiscal y sospechosos por el crimen del cambista Vicente Centurión
Tras la apertura de la investigación se pudo llevar a cabo el relevamiento de datos, primeramente, a través de las compañías telefónicas para la ubicación de la línea telefónica del cambista Vicente Arsenio Centurión Ramírez y también de sus posibles secuestradores, y también con apoyo de imágenes de circuito cerrado.
Así, se obtuvieron los datos de que Vicente Centurión salió de su casa del barrio Ypatí de Villa Elisa en su camioneta Toyota Fortunner el 3 de agosto de 2022; luego, se dirigió hasta una vivienda del barrio Pa’i Ñu de Ñemby, siguiendo a una camioneta Toyota Hilux Surf crema, en la que se presume iba Sindulfo Abel Fernández Pavetti.
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La casa en cuestión pertenecía a Gustavo Osmar González, quien en el marco de las averiguaciones fue identificado como uno de los captores de Vicente Centurión y su domicilio fue utilizado como el primer lugar de cautiverio. Esto, para la Fiscalía, quedó evidenciado con la fotografía que recibió el hijo de la víctima donde se observa a Vicente sentado en una cama con los ojos vendados.
Bajo las mismas técnicas de investigación, es decir, rastreando el número de celular de Gustavo González mediante las celdas de antenas de celulares, el Ministerio Público pudo determinar que como segundo punto de cautiverio otra casa sobre ruta La Paz, Compañía Guazú Ykua de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa.
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Con esos datos y otros más que fueron recogidos mediante la investigación, se pudo determinar que para el secuestro del cambista Vicente Centurión estuvieron involucradas varias personas, en cuestión operativa, con roles bien definidos.
Así, en primer lugar estuvo un grupo que se encargó de capturar a la víctima y mantenerlo en cautiverio por el tiempo que estuvo con vida. En ese tiempo habría estado a cargo de Gustavo Osmar González, según la Fiscalía.
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Por otra parte, las personas -aún no identificadas- que estuvieron encargadas de negociar con el hijo de la víctima y operaban con líneas celulares desde Bolivia y Perú.
Y en tercer lugar, los individuos que se encargaron del cobro del monto exigido como pago para la liberación del cambista Vicente Centurión, en donde participaron el boliviano Luis Candia Zelada y cambista Julio César Duarte Servían.
Cuerpo del cambista secuestrado fue hallado en Itapúa
Mediante los celulares incautados y otras informaciones de inteligencia, la Policía tuvo conocimiento sobre la presencia de un “envoltorio” hallado en el departamento de Itapúa. El 21 de febrero de 2023, los policías fueron hasta Artigas, y constataron la presencia de un “paquete envuelto en papel film que presumiblemente se trataría do una persona secuestrada de la causa”.
Tras el hallazgo, los intervinientes convocaron al médico forense Fernando Martínez, quien procedió al corte del “envoltorio” encontrándose con otras varias capas ceñidas, que al descubrirlo dejaron entrever una figura humana en posición fetal, en avanzado estado de descomposición con restos de tierra e integridad del cuerpo en cuanto a sus partes, perteneciente a un hombre adulto que estaba amordazado y con un trapo en la boca.
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El occiso fue llevado a la Morgue Judicial donde fue inspeccionado por la odontóloga forense, Dra. Diana Orue de Walko, quien el 22 de febrero del 2023 informó que se identificó al fallecido y a través de datos aportados por José Carlos Centurión, hijo de la víctima, la identidad fue confirmada, tratándose de Vicente Arsenio Centurión.
Vínculo del secuestro del cambista con el narcotráfico
Según las investigaciones del Ministerio Público y lo que había señalado, durante el tiempo de la investigación del caso, el comisario Nimio Cardozo, el crimen fue un “ajuste de cuentas” u orden de una red de narcotráfico de origen boliviano y peruano. El motivo principal habría sido la pérdida o robo (conocido localmente como “mexicaneada”) de un cargamento de cocaína que transportaba una avioneta.
De hecho, la propia familia del secuestrado había señalado al policía identificado como Mariano Lambaré, como quien habría participado en la caída de un cargamento de cocaína valorado en unos US$ 800.000 -misma suma exigida por los captores-, por lo que los allegados al cambista secuestrado y asesinado responsabilizan por el crimen.
Piloto y cambista condenados cooperaron para cobro por liberar a cambista
Luego de que César Alexis Elizeche Núñez recibiera el 5 de agosto de 2022 la suma de US$ 51.917 como parte del dinero exigido por los captores del cambista Vicente Centurión, el mismo se dirigió hasta la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, el 6 de agosto, según los registros de visita de ese recinto.
Cabe destacar que en ese tiempo, en ese lugar, estaban privados de libertad el piloto boliviano Luis Darío Candia Zelada, procesado por el caso Espada o Sword, y el cambista Julio César Duarte Servián, procesado por el caso Status, donde se le atribuían el lavado de dinero a través de Zafra Cambios SA en favor del clan García Morínigo, cuyos miembros operaban desde Pedro Juan Caballero.
Justamente, César Alexis Elizeche Núñez había ido a visitar a Julio César Duarte Servián, a las 9:26 del 6 de agosto. Su ubicación fue determinada mediante las celdas de antenas de telefonía celular que lo ubicaron en la zona del barrio Tacumbú de Asunción, donde están situadas el Centro Nacional de Prevenidos (ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú) y la Agrupación Especializada.
Es a partir de ese hecho que surgió la hipótesis de que César Elizeche era un secretario de Julio César Duarte Servián, y que, de hecho, había actuado bajo instrucciones del último luego que Luis Candia haya recurrido al cambista pedrojuanino.
Ello se sustenta más con los datos de la Fiscalía que refieren que, Luis Candia Zelada recibió instrucciones desde Bolivia y Perú para gestionar el cobro de la suma exigida por los captores del cambista Vicente Centurión y, para ello recurrió a Julio Duarte, atendiendo a que coincidieron en espacio de reclusión.
Ese contacto de Candia con Duarte, fue a fin de aprovechar que el último tenía contactos con casas de cambio, con conocimientos de modalidades utilizadas normalmente para eludir controles financieros y de un sistema utilizado normalmente para transacciones de origen ilegal denominada “Token”.
A ello se suma que, cuando José Carlos Centurión ofreció un inmueble como garantía. Sin embargo, tras dicho ofrecimiento Luis Candia Zelada, había recurrido a una persona identificada como Marcelo Orlando León, que averigue en los Registros Públicos la condición de dominio de ese bien y, en ese contexto, también recurrieron a la abogada Miran Barreto.
De hecho, fue la abogada Barreto quien confirmó y realizó las averiguaciones mediante las cuales obtuvo el informe registral, el cual dio cuenta de que el inmueble ofrecido estaba hipotecado. Posteriormente, José Carlos Centurión, hijo del cambista Vicente Centurión, recibió un mensaje el 6 de agosto de 2022 en el que se le señalaba: “no vale una mierda y además esta hipotecada”.
Secretario del cambista Duarte Servián fue procesado por testimonio falso
En medio de las investigaciones del caso del secuestro del cambista Vicente Centurión, había sido requerido para declarar César Alexis Elizeche Núñez, considerado como secretario de Julio César Duarte Servián y el hombre que recibió el pago de los US$ 51.917 para la liberación de la víctima.
En principio, César Elizeche había manifestado que fue hasta el Shopping Mariano bajo instrucciones de su jefe Julio Duarte, mediante comunicación telefónica, y que durante la misma se escuchó de fondo a un hombre identificado como Luis Osho, con acento boliviano.
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Sin embargo, luego de eso, fue Julio Duarte Servián quien denunció a César Elizeche Núñez por testimonio falso.
Duarte Servín sostuvo que Elizeche Núñez recibió el dinero y luego se quedó con él, además una mujer de nombre Ninfa Thomaz Rudis dijo que recibido dinero de Elizeche Núñez, por indicación de Julio Duarte, señalando que después destinó parte de esa suma para pagar obligaciones y realizó otras entregas.
Finalmente, el fiscal Lorenzo Lezcano había solicitado el sobreseimiento provisional para Elizeche Núñez, el cual le fue otorgado por Auto Interlocutorio (AI) N° 1.448 del 9 de julio de 2025, y el pasado 24 de agosto de 2026, por AI N° 2.427 el juez penal de garantías de Lambaré Blas Antonio Aquino Zarza otorgó el sobreseimiento definitivo al denunciado.
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Se llegó a dicha salida procesal en atención a que “los elementos incorporados durante el periodo de sobreseimiento provisional no permitieron superar las dudas existentes”, por lo que “esta representación pública considera que persiste una duda insuperable respecto de la configuración del hecho punible investigado y que, razonablemente, no existe posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba que permitan sostener fundadamente la apertura del juicio oral”.
Condenas por secuestro y trabas para definir situación de otros procesados
De acuerdo con lo que informó el fiscal del caso Lorenzo Lezcano, el caso se encuentra estancado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde la Sala Penal, pese a los tres urgimientos presentados -el último de ellos del pasado 19 de agosto- no se resuelve el incidente que trabó el desarrollo normal del proceso.
El 24 de junio de 2025, por Auto Interlocutorio (AI) N° 1.611 el juez penal de Garantías de Lambaré Blas Aquino elevó a juicio oral y público la causa relacionada a Julio César Duarte Servián, sin embargo, la defensa del mismo apeló algunos puntos de la resolución judicial.
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Dicho recurso debía ser analizado por un Tribunal de Apelación Penal de Central, pero el acusado por supuesto secuestro (art. 126 del Código Penal), en calidad de cómplice, a través de sus abogados Gerardo Manuel González Báez, Franco González Báez y Blanca Agüero Trinidad, recusó a las camaristas María Teresa de Daniel y Lourdes Cardozo, el 30 de junio de 2025.
El citado incidente se encuentra durmiendo en la Sala Penal de la Corte, hace 14 meses, es decir, un año y dos meses, sin que los miembros naturales de este órgano de la máxima autoridad judicial Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia y María Carolina Llanes Ocampos, destraben el caso.
A esto se suma que, el co-procesado Gustavo Osmar González también planteó el 10 de febrero de 2026, a través de su defensa, ejercida por el abogado Víctor Hugo Rodríguez Mora, una reposición con apelación en subsidio contra la providencia que rechazaba su pedido de suspensión de su audiencia preliminar, la cual hasta hoy está pendiente de realización.
El recurso formulado por Gustavo Osmar González tampoco puede resolverse por el Tribunal de Apelación de Central, hasta que la Corte confirme a los miembros del mismo o remita el expediente a otra Cámara.
Dentro de este proceso al menos ya se registraron las primeras condenas, en el caso de Sindulfo Abel Fernández Pavetti, acusado por secuestro, en juicio oral y público fue sentenciado a cumplir 18 años de pena privativa de libertad; en tanto que Luis Darío Candia Zelada, alias Luis Osho, fue condenado a 10 años de cárcel, también por secuestro.