El Ministerio Público ya presentó acusación por incitación a cometer el hecho punible de aborto y violencia familiar, y el proceso se encuentra actualmente en etapa intermedia, a la espera de completar la audiencia preliminar.
La fiscala Noelia Montanía explicó que esta segunda causa todavía no llegó a juicio oral y público. El Ministerio Público ya formuló su requerimiento conclusivo de acusación y solicitó que el caso sea elevado al siguiente estadio procesal, que corresponde al juicio oral.
Montanía aclaró que no se trata de dos causas independientes, sino de una misma investigación en la que posteriormente se amplió la imputación, debido a que durante el avance de las pesquisas surgieron nuevos hechos que involucraban a la misma víctima.
La primera imputación fue formulada por incitación a cometer el hecho punible de aborto. Posteriormente, con el avance de la investigación, la Fiscalía encontró elementos que, según su acusación, constituirían también el hecho punible de violencia familiar, conforme a la Ley 5777.
La víctima de esta segunda causa es otra adolescente, quien además declaró durante el reciente juicio por el asesinato de María Fernanda y proporcionó al Tribunal de Sentencia información relacionada con diferentes circunstancias investigadas por el Ministerio Público.
La fiscala Montanía señaló que, una vez que quede firme la sentencia de ocho años dictada por el crimen de María Fernanda, la Fiscalía contará con ese fallo como antecedente dentro del proceso que lleva adelante por los otros hechos.
Segunda causa todavía no tiene condena
La representante del Ministerio Público remarcó que el proceso por aborto y violencia familiar continúa en etapa intermedia. Una de las audiencias preliminares ya se realizó, mientras que otra quedó pendiente debido a que las imputaciones fueron formuladas en diferentes momentos de la investigación.
La Fiscalía sostiene su acusación y pretende que el caso sea finalmente elevado a juicio oral y público, donde deberán discutirse las pruebas y determinarse si existe responsabilidad penal por los hechos denunciados.
En caso de una eventual condena, la expectativa de sanción planteada por la Fiscalía para esta causa sería de hasta seis años, según explicó Montanía.
La fiscala aclaró que, aunque existe un concurso entre los hechos punibles investigados, corresponde aplicar una pena unitaria, por lo que no se suman mecánicamente las penas de cada delito. En este caso, la violencia familiar también tiene actualmente una expectativa de sanción elevada y, considerando ambos hechos, la expectativa señalada para el proceso es de seis años.
Una nueva causa después de la condena de ocho años
Bernardo Daniel Silva Villar fue condenado recientemente a ocho años de medida privativa de libertad por el asesinato de María Fernanda Benítez, luego de un juicio oral reservado que se extendió durante 11 jornadas.
El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por Raúl Marecos e integrado por Derlis Benítez y Vidal Santacruz. La acusación estuvo a cargo de las fiscales Noelia Montanía y Fermín Segovia.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó 32 testigos, mientras que la defensa presentó un solo testigo. La Fiscalía había solicitado la máxima medida de ocho años, mientras que la defensa pidió una atenuación, argumentando que el adolescente tenía posibilidades de rehabilitación.
Finalmente, el tribunal impuso los ocho años de medida privativa de libertad. Silva Villar que deberá cumplir en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo.
Ahora, mientras cumple esta medida, continúa pendiente el proceso por los otros hechos denunciados por la adolescente que figura como víctima en la segunda causa.
El eventual impacto de una nueva condena
Consultada sobre la posibilidad de que una eventual nueva condena afecte los beneficios que pudiera obtener el joven durante el cumplimiento de su primera medida, Montanía explicó que los cómputos y las condiciones de cumplimiento corresponden al Juzgado de Ejecución.
La fiscala señaló que será el juzgado encargado de la ejecución el que deberá realizar los cálculos correspondientes y resolver las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la medida, con intervención además de un fiscal de ejecución y, si corresponde, un defensor público de ejecución.
De esta manera, el caso de Bernardo Silva Villar no termina con la reciente condena por el asesinato de María Fernanda Benítez. Una segunda causa penal permanece abierta, con una acusación fiscal por incitación a cometer aborto y violencia familiar y con una eventual expectativa de sanción de hasta seis años, aunque todavía deberá atravesar la etapa preliminar y posteriormente un eventual juicio oral antes de que pueda existir una condena.