La agente fiscal Fabiola Sosa confirmó que la investigación sobre la fuga de dos reclusos en la penitenciaría de Emboscada avanza con nuevas detenciones. Tras entregarse en su domicilio de Villa Elisa, el subcomisario Derlis Cáceres quedó a disposición de la justicia, sumándose a otros implicados que ya enfrentan procesos judiciales.
El caso se reactivó gracias a declaraciones clave de los primeros guardias detenidos. Según explicó la fiscala, estos funcionarios “brindaron información que desembocó en el allanamiento que hicimos el día de hoy y levantamos algunas evidencias”, apuntando directamente a una posible complicidad de altos mandos en el penal.
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Ante la consulta sobre la situación jurídica del subcomisario Cáceres, la fiscal indicó que su conducta está siendo analizada minuciosamente. Respecto a su nivel de participación, señaló que los testimonios señalan que “habrían recibido la orden de él y del director de ocultar los dispositivos celulares el día, o sea, el momento posterior a la fuga”, señaló.
Hallan celulares y tablets que serán peritados
El operativo fiscal logró rastrear movimientos sospechosos de un personal penitenciario tras producirse el escape, ignorando los protocolos de seguridad vigentes.
La fiscala detalló que el agente se retiró por una zona no permitida “con un bolsón muy pesado, que obviamente nos llamó la atención”, el cual fue depositado temporalmente en una despensa cercana.
Al asegurar el contenido del bolso requisado, los intervinientes hallaron varios teléfonos celulares y una tablet. La fiscalía ya solicitó la extracción de datos mediante el juzgado para esclarecer el propósito de estos equipos, reconociendo que los peritos trabajan intensamente para saber si existían comunicaciones ilícitas o pedidos de coimas.
Cáceres tendría influencia sobre agentes penitenciarios, señala fiscala
Sobre la presunta influencia de Cáceres, quien se encontraba apartado de su cargo anterior y bajo sumario, la representante del Ministerio Público afirmó que las sospechas apuntan a que el oficial “tenía influencia sobre los agentes penitenciarios” para facilitar o encubrir las acciones dentro del complejo de seguridad.
Al abordar los rumores sobre la existencia de celdas de lujo o privilegios extremos dentro del penal de Emboscada, la fiscala aclaró que no se hallaron comodidades ostentosas como aires acondicionados o televisores plasma, debido a las propias limitaciones estructurales del complejo Martín Mendoza.
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Sin embargo, Sosa reconoció que las comodidades irregulares pasaban por otro tipo de ventajas logísticas. Explicó que los reclusos se encontraban en zonas que no les correspondían, estando “menos hacinados, un poco más cómodos en el sentido de que no estaban muy cargados ese módulo”, lo que evidenciaba un trato diferenciado.
Para finalizar, la agente fiscal ratificó que las medidas restrictivas y órdenes de captura continúan firmes mientras se evalúan las conductas de todos los sospechosos. Sobre la responsabilidad de los implicados, reafirmó que las instrucciones recibidas por los guardias para ocultar evidencias torna la situación procesal sumamente compleja: “Exactamente, no obstante, por eso se da la orden de detención”, concluyó.