El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) mediante un comunicado advirtió que la corrupción dentro de las cárceles favorece situaciones de sometimiento, extorsión, tortura y otras vulneraciones de derechos humanos.
El pronunciamiento se dio tras la fuga de personas privadas de libertad del Centro Penitenciario Martín Mendoza, de Emboscada, y la intervención por posibles hechos de corrupción y complicidad de funcionarios.
La institución recordó que ya había alertado en reiteradas ocasiones sobre mecanismos de corrupción interna en los establecimientos penitenciarios, donde presuntamente se exigiría dinero a los internos para acceder a determinados beneficios y servicios.
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Según el MNP, estas prácticas van más allá de una irregularidad administrativa o un problema de seguridad, pues configuran un sistema paralelo de gestión que condiciona el acceso a derechos y servicios básicos.
Cobros para acceder a servicios y beneficios
Entre las irregularidades detectadas mediante sus monitoreos, el organismo mencionó presuntos cobros para acceder a celdas, sanitarios, traslados, bienes e incluso atención médica. También recogió información sobre pagos exigidos para ingresar o permanecer en determinadas habitaciones y pabellones.
El MNP sostuvo que estos mecanismos generan circuitos de extorsión y profundizan las desigualdades entre las personas privadas de libertad. “Vulneran la dignidad de las personas”, señala el pronunciamiento.
Asimismo, recordó que el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas advierte que la corrupción en contextos de encierro constituye una vulneración de derechos humanos, con consecuencias especialmente graves para quienes están más expuestos a situaciones de riesgo.
Piden fortalecer los controles penitenciarios
La institución alertó que estas prácticas favorecen relaciones de subordinación, discriminación, amenazas y malos tratos, además de crear condiciones propicias para la violencia institucional y la tortura.
Entre los factores que facilitan estos hechos, el MNP identificó la debilidad institucional, la impunidad y la falta de transparencia, por lo que consideró fundamental fortalecer los controles internos, garantizar condiciones dignas y asegurar el acceso a la justicia.
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Finalmente, sostuvo que combatir la corrupción penitenciaria también implica prevenir la tortura y los tratos crueles e inhumanos.
“La corrupción no solo vulnera derechos, sino que debilita la capacidad del Estado para mantener la seguridad y garantizar derechos”, concluyó.