El Poder Ejecutivo celebra y ve con “buenos ojos” la aprobación del veto a las modificaciones a la ley que establece el control a las declaraciones juradas de bienes y rentas de los parlamentarios. De esta forma los “olvidos” de los legisladores en sus declaraciones podrán ser verificados y penalizados.
Al respecto, el asesor jurídico de la Presidencia de la República, César Trapani, indicó que es una “buena noticia” que el Congreso haya aceptado la objeción parcial a la modificación de la ley que reglamenta las declaraciones juradas de los funcionarios del Poder Legislativo.
Recordó que lo que en principio, los diputados cartistas pretendían, era que las rectificaciones dolosas en las declaraciones juradas no sean penalizadas.
Sin embargo, el veto parcial a la normativa, que finalmente fue aprobada en Cámara de Senadores, permitirá que la Contraloría General de la República (CGR) remita los casos al Ministerio Público para su investigación y posterior sanción.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“El Ejecutivo se ciñó específicamente en el artículo 14 porque en este, está configurada la relación entre la Contraloría General de la República y el sistema de administración de justicia penal”, indicó.
Comentó que recién luego de las verificaciones por parte de la CGR si se encuentran irregularidades se notificará de las mismas a la Fiscalía.
“Las declaraciones juradas son un mecanismo fundamental para tener un gobierno transparente y responsable”, acotó.
Lea más: Aceptan veto y quedará firme castigo por omisiones dolosas en DD.JJ.
Revés del cartismo
Ayer jueves, la Cámara de Senadores aceptó el veto parcial del Ejecutivo y promulgó la parte no objetada del proyecto de modificación de la ley que pretendía despenalizar las declaraciones juradas con contenido falso o con omisiones dolosas.
Los principales propulsores de despenalizar los “olvidos” en las declaraciones juradas, eran los diputados y senadores del sector cartista quienes sufrieron un duro revés al no conseguir los votos necesarios para sancionar la modificación.
Igualmente, en la normativa queda promulgada la eliminación de obligación de empresas privadas oferentes del Estado a presentar DD.JJ. para presentarse a licitaciones y que las declaraciones sean públicas sin necesidad de accionar judicialmente.
Lea más: Horacio Cartes ocultó su offshore en tres DDJJ, hasta que fue descubierto