A ocho meses de la apertura de la investigación penal, el expediente sobre la dudosa transferencia de G. 5.185 millones, realizada por la administración de Hugo Javier González Alegre a una organización no gubernamental (ONG), duerme en la oficina de la cuestionada fiscala Anticorrupción, Natalia Fuster.
Los supuestos hechos investigados son lesión de confianza, lavado de dinero y producción de documentos no auténticos y otros.
El exadministrador departamental, González Alegre, fue imputado en noviembre de 2021 junto a otras 14 personas en otra causa penal investigada por los fiscales también de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said, por la supuesta comisión de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal, sobre la transferencia a dos oenegés, de la suma de US$ 1 millón (G. 6.382 millones) del fondo covid-19. En la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas, entre otras anomalías.
El exgobernador, fue destituido por la Junta Departamental en mayo de este año y actualmente cumple arresto domiciliario. En noviembre próximo, se cumple el plazo extraordinario que solicitó la Fiscalía y se debe presentar el requerimiento conclusivo.
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También, el fiscal Juan Ledesma, de la misma Unidad, investiga desde octubre la transferencia de G. 50.000 millones hechas entre 2019 y 2020 por Hugo Javier, pero hasta ahora no se tiene novedades. Los hechos investigados son lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, lavado de dinero, entre otros.
El caso de Fuster
Entre noviembre y diciembre se realizaron varios allanamientos y se solicitaron informes a la institución departamental, a la Junta Departamental, a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), al Ministerio de Hacienda, Abogacía, además de otras instituciones. Pero luego, la agente del Ministerio Público se llamó a silencio.
Fuster allanó la “Asociación Tekove de Servicio de Acción Social”, presidida por Nicolás Rivas Bogado, que recibió G. 5.185 millones de la Gobernación de Central, para “obras de carácter social”. La millonaria transferencia se hizo en un solo día mediante varios cheques, el 30 de setiembre de este año, exactamente.
También allanó “DL Architecture, Proyectos y Construcciones”, cuya propietaria es Noelia Rodas Maciel, quien recibió G. 4.976 millones de Tekove, parte de los fondos emitidos por la Gobernación. Supuestamente, esta firma fue contratada por la oenegé de Rivas para la ejecución de las obras.
Rodas dijo que el dinero es para hacer obras de infraestructura en la ciudad de Santa Elena, departamento de Cordillera y no en el departamento Central, como debería.
Fuster también solicitó varios informes sobre el estatuto social, conformación de comisión directiva actualizada y de las actividades competentes de Tekove, así como de la constructora.
Intentamos comunicarnos con la agente Fuster para conocer detalles de la investigación, pero no contestó la llamada a su celular y tampoco respondió el mensaje de texto enviado a su whatsapp.
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No existen documentos
La Asociación Tekove Servicio de Acción Social, está ubicada en Limpio y la agente del Ministerio Público describió a la empresa como “una pieza, con un armario y nueve biblioratos”. El presidente de la organización es Nicolás Rivas y su hija Diana Raquel Rivas Riveros es miembro.
Durante el allanamiento no se encontraron documentos que respaldan la ejecución de obras que los responsables alegan que se hicieron, dijo Fuster.