La expropiación fue aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de mayo y figura para mañana que sea estudiada en la sesión extraordinaria del Senado. Se trata de las Fincas 31.380, 19.334 y 31.377 y la intención es transferir los títulos a los integrantes del asentamiento “San Jorge”.

Sin embargo, quienes afirman ser los legítimos propietarios, el abogado Víctor Llamosas, primo lejano del ministro de Hacienda, y Marlene Fernández Flores, remitieron una nota al Senado acusando a la diputada Roya Torres (PLRA) de impulsar el proyecto para blanquear a un grupo de “delincuentes” ante una inminente sentencia de desalojo.

Diputada niega acusación

En contacto con ABC Color, la diputada Torres expresó que al presentar el proyecto se cumplieron todas las especificaciones requeridas por el Poder Legislativo. Dijo que las comisiones legislativas también verificaron los documentos así como la propiedad. Refirió que incluso el pedido tuvo la aprobación de la junta municipal de Ciudad del Este y la intendencia local.

Aclaró que el proyecto habla de siete hectáreas, no de 14 como dijo el denunciante.

Indicó que hasta donde conoce, el expediente no tenía litis (litigio) pero expresó que, en tal caso, la Cámara de Senadores simplemente debe “rechazar el pedido y punto”.

Recordó haber presentado el pedido en el año 2019 tras recibir a los ocupantes del lugar que acercaron las documentaciones necesarias y negó haber conocido a quienes afirman ser los propietarios del terreno.

Valiosa propiedad

Llamosas manifestó que la propiedad tiene unas 14 hectáreas y que está valuada en unos US$ 14 millones por su privilegiada ubicación sobre el Km 7 y a 2.000 metros de la ruta internacional N° 2 entre las Avdas. Arnaldo Valdovinos y Julio César Riquelme.

Narró que desde hace 20 años lleva un juicio de desalojo ante una invasión. Agregó que en 2018 ingresó otro grupo que revende los lotes, impulsa censos y exige a los ocupantes afliarse al PLRA para ser beneficiados.

En la nota que remitió al presidente del Senado Oscar Salomón (ANR, oficialista), señala que Torres impulsó la expropiación a espalda de los dueños y violando las garantías constitucionales respecto a la propiedad privada.

La denuncia agrega que la carpeta fiscal está inactiva gracias a la injerencia de la citada política. Aunque no menciona el nombre, el agente del Ministerio Público a cargo es Marcelo Saldívar.

No es la primera vez que Roya Torres es denunciada por impulsar expropiaciones sin control y violando los requisitos. En 2019, el Senador Patrick Kemper (Hagamos) insinuó que hace esto para sacar rédito político, como en el caso del barrio Remansito, Asentamiento San Miguel de CDE.

Por su parte, Fernández Flores, en junio último, fue sentenciada a dos años con suspensión a prueba de la condena, al ser declarada culpable por delitos contra una reserva natural de Itaipú en Ciudad del Este. La sentencia fue apelada, aclaró Llamosas.