En medio de salvataje a Quiñónez, también postergan intervención en San Pedro de Ycuamandyyú

Un beneficiado colateral con el “salvataje” a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, fue el intendente de San Pedro de Ycuamandyyú y precandidato a diputado por el cartismo, Gustavo Rodríguez (ANR, HC), ya que diputados colorados cartistas y oficialistas dejaron sin quorum la sesión impidiendo que se conforme la Comisión Especial para analizar el pedido de intervención de la gestión del jefe comunal.

El expresidente de la República, Horacio Cartes y el intendente de San Pedro de Ycuamandiyú, Gustavo Rodríguez.
El expresidente de la República, Horacio Cartes (d) y el intendente de San Pedro de Ycuamandiyú, Gustavo Rodríguez.Omar Acosta

En este caso, el oficialismo colorado (Fuerza Republicana) no puede desentenderse del salvataje a Gustavo Rodríguez ya que, con su votos, permitieron que el pedido de conformación de la Comisión Especial para analizar la intervención de la municipalidad de San Pedro del Ycuamandyjú sea tratado luego del archivamiento del juicio político a Quiñónez. Se sabía previamente que, antes, los cartistas dejarían sin quórum.

“Ojalá se acuerden lo que está pasando acá los sampedranos, porque acá lo que está pasando es que están dejando sin quórum también la conformación de la Comisión Especial para la intervención nuevamente de un corrupto delincuente, eso nomás lo que está pasando”, reprochó Sebastián Villarejo (PPQ).

Rodríguez, que apunta a la diputación, posee serias sospechas de millonarios desvíos de fondos detectados mediante auditoría de la Contraloría. Entre algunas de las faltas más graves detectadas figura por ejemplo que no depositó en cuentas de la comuna la recaudación municipal por un valor estimado de G. 676 millones.

A esto hay que sumarle que emitió cheques al portador por más de G. 1.267 millones solo el año pasado. También, Contraloría refiere que habría adjudicado obras por G. 810 millones, sin que hayan cumplido con la ley de Contrataciones Públicas. Además se detectó una presunta sobrefacturación de G. 178 millones en la construcción de un aula, así como pagó G. 151 millones por supuestas refacciones a instituciones educativas que aparentemente no se realizaron.

Todo esto sin contar las denuncias hechas por la Junta Municipal, que fue la que solicitó la intervención, grupo que es respaldado por ciudadanos sampedranos que exigen transparencia en la gestión de su municipio.

Otra cosa que quedó a medias es la interpelación a autoridades por el acuerdo de reducción de la tarifa de energía de Itaipú. Solo aprobaron el cuestionario para el director de la binacional, Manuel María Cáceres pero no para Félix Sosa, de la ANDE.

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