La parlamentaria agregó que el Ministerio Público busca así desviar su presupuesto de obras (infraestructura) y usarlo como gastos corrientes (salarios y alquileres). Ante esta denuncia, la parlamentaria presentó un pedido de informe a la Corte Suprema para verificar dichos expedientes, moción que fue aprobada y remitida al Poder Judicial.
Durante su exposición, Masi cuestionó también que la Fiscalía aún no brinde respuestas sobre un pedido de informes realizado en julio último.
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En dicha solicitud estaba que se envíe la lista de inmuebles alquilados, con sus respectivos propietarios.
Dicha denuncia surge después de que el Congreso aceptara el veto total del Poder Ejecutivo a la ampliación presupuestaria de G. 64.707 millones para la Fiscalía General del Estado.
El monto involucraba la creación de 577 cargos, cuyo impacto para el presupuesto del año 2023 sería de G. 36.000 millones, aproximadamente. Dicha ampliación fue sancionada por el Poder Legislativo pese al constante repudio de una mayoría en la Cámara de Senadores a la gestión de la Fiscalía en casos como el avión iraní-venezolano y otros.
Se mantiene así el conflicto entre el Senado y la Fiscalía, entidad duramente cuestionada por mantener congelados emblemáticos casos de supuesta corrupción que involucran al líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, y otras personas de ese grupo.
El 13 de octubre ultimo, el Senado incluso formuló una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra los fiscales Osmar Legal, Lorenzo Lezcano, Alicia Sapriza, Liliana Alcaraz, Federico Delfino y Francisco Cabrera, por la inacción en el caso “Darío Messer”, por presunto lavado de activos contra Horacio Cartes, el avión iraní-venezolano y el homicidio de Mauricio Schwartzman.
En paralelo, el Consejo de la Magistratura ya inició el proceso para elegir a un nuevo fiscal general.