El contralor general Camilo Benítez habló sobre la necesidad de acceder a datos sobre funcionarios públicos existentes en diferentes instituciones públicas. Esto para poder realizar exámenes de correspondencia con mayor rapidez, además de ampliar la cantidad de estudios, señaló a ABC el titular del ente del control.
Benítez indicó que, actualmente, la falta de un acceso directo hace que los análisis de las declaraciones juradas sean más lentos. Dijo que existen casos, específicamente de la Dirección General de Registros Públicos dependiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en los cuales las respuestas a pedidos de informes llegan en uno, seis meses e incluso en un año.
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El contralor, no obstante, aclaró que la culpa no es de los responsables de las instituciones sino más bien de nuestro sistema que no está preparado para dar mejor cumplimiento a la Constitución Nacional. “El sistema está organizado para que fracase (...) el espíritu de la Constitución Nacional donde le da a la Contraloría la obligación de hacer examen de correspondencia a todos los funcionarios públicos: La intención de la Constitución es que se le haga todos, o por lo menos a todos los altos funcionarios públicos”, expresó.
Benítez dijo que por ello no se puede pedir que funcione si no se accede de forma inmediata a los datos. “No es una crítica puntual a la directora de Registros Públicos, quiero aclarar, pero el informe que más tarda es de los Registros Públicos, por eso nosotros habíamos pedido acceso directo a esa información”, expresó.
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Actualmente, el ente de control está en plena realización de exámenes de correspondencia al ministro y presidente de la Corte -con permiso- Antonio Fretes como también de sus hijos Amilcar Fretes Escobar (exempleado de la Itaipú Binacional) y Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano (exfuncionario del Ministerio Público).
El primero de los hijos de Fretes es el que apareció firmando un contrato por US$ 368.000 con un familiar de Kassem Mohamad Hijazi para evitar su extradición a EE.UU. El otro, en tanto, figura como accionista de varias empresas con capitales millonarios. Lo llamativo es que Asdrúbal Fretes realizó esas inversiones cuando apenas declaró ante la CGR tener un salario de G. 8 millones mensuales.
Desarrollo de software
El contralor general anunció que, igualmente, se está trabajando con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) para la creación de una dirección de información y análisis para detectar alertas. Y uno de los módulos que estamos viendo es el desarrollo de un software que pueda acceder a la información que está en Tributación, en Hacienda y contraste con la declaración jurada, según explicó.
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“Sería un espectáculo si es que la Corte nos da acceso directo a la información de los Registros Públicos y Automotores pero, de todas maneras, sin tener esa información podemos adelantar mucho más”, añadió.
Benítez agregó que, actualmente, se realizan alrededor de 300 exámenes de correspondencia, pero lo idea es superar los 1.000, atendiendo la cantidad actual de funcionarios públicos. Estamos haciendo, pero no es una responsabilidad personal de la Contraloría. Vamos a seguir fracasando por la falta de acceso. Nosotros hemos pedido a todas las instituciones, pero están casos donde la Corte nos ha negado”, reiteró.