Senado amplía ley de emergencia penitenciaria y exige regularización

La senadora Desirée Masi (PDP) denunció ante el pleno que el Ministerio de Justicia no hizo concurso de méritos en cuatro años desde la vigencia de la ley de emergencia penitenciaria y que con una nueva ampliación de la normativa pretendían utilizar nuevamente por cuarta vez consecutiva al Parlamento para blanquear el incumplimiento del decreto reglamentario.

“Esta ley no es porque les interesa el concurso de los militares nomás, es porque no hicieron concursos y quieren violar el decreto reglamentario del presupuesto 2022. Quieren pasar la responsabilidad al Congreso y el Ejecutivo se quiere lavar las manos como Poncio Pilatos”, indicó la legisladora opositora.

El decreto reglamentario autorizaba las recontrataciones hasta el 30 de septiembre del 2022 y de aquellas personas incorporadas vía excepción al concurso de méritos, analizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en los ejercicios fiscales del 2015 al 2017. “Los puestos afectados a estos contratos y para los casos otorgados en el ejercicios fiscales 2018 al 2021, ‘deberán ser llamados a concursos simplificados por la SFP’ dentro del ejercicio fiscal vigente y no serán renovados en el 2023 sin el concurso previo”, señala parte del decreto.

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Masi también reveló casos de planillerismo y lamentó que estas situaciones se blanqueen con una decisión del Congreso. Senadores del PPQ y del PLRA calificaron de “grave” la denuncia de Masi.

El senador Amado Florentín (PLRA) planteó que la vigencia de la declaración de emergencia se amplíe 120 días hasta que regularicen la situación de los funcionarios.

La senadora Masi propuso incluir en la norma únicamente la custodia militar de la franja perimetral de las penitenciarías mientras que la legisladora Hermelinda Ortega (PLRA) propuso mantener la iniciativa del Ejecutivo de ampliar seis meses. En la votación nominal ninguna de las tres propuestas logró mayoría, sin embargo, cuando Ortega declinó su propuesta, se aprobó que se extienda la declaración sólo por 4 meses y no por 6 meses. Se aprobó que cumplido el plazo no se contratará ningún funcionario en las penitenciarías.

Ministro culpa a Función Pública

El ministro de Justicia y Trabajo, Alberto Daniel Benítez, culpó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) por no habilitarles a realizar los concursos de méritos a 900 guardiacárceles.

“El 12 de julio del 2022 habíamos solicitado a la Secretaría de la Función Pública a realizar los concursos. Vamos a volver a reiterar y ojalá que tengamos esos concursos para evitar inconvenientes a futuro”, dijo el ministro.

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El ministro mencionó que deberán regularizar la situación de 900 guardiacárceles, que debían ingresar por la vía del concurso de méritos. Indicó que se adaptarán al plazo de cuatro meses que le otorgó la Cámara Alta. El proyecto de ley pasa ahora a consideración de los diputados donde no se descarta que sufra modificaciones.