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El Gobierno de los Estados Unidos acusó recientemente al expresidente Horacio Cartes, designado como “significativamente corrupto”, de sobornar a legisladores, no solo durante su gobierno, sino después de concluir su mandato.
Pese al rosario de denuncias de inacción en causas emblemáticas como el metrobús, el caso del liberal asesinado Rodrigo Quintana y la protección a Cartes por supuestas declaraciones falsas, el cartismo sumó mayorías aplanadoras.
Por cuarta vez mandó al archivo el pedido de juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez (ver infografía). Tuvieron el apoyo de Blas Llano y Dionisio Amarilla. Tres liberales quedaron expuestos por negarse a apoyar el enjuiciamiento: Édgar Ortiz, Enrique Mineur y María López.
Apenas saltó el escándalo, el cartismo se movilizó rápidamente para mandar al archivo el pedido de juicio político contra el ministro de la Corte, Antonio Fretes, quien fue salpicado por un pago de coima para salvar a Kassem Hijazi de una extradición a los Estados Unidos.
El cartismo se aferró para mantener en el cargo al exgobernador de Central, Hugo Javier, acusado por un supuesto desvío de G. 18.300 millones.
Con Pedro Alliana aseguraron en Diputados tres presidencias consecutivas. El cargo le sirvió a Cartes como poder y feudo político para promover o frustrar proyectos. También salvaron de una expulsión a tres procesados, el entonces cartista Tomás Rivas, Ulises Quintana (ANR, HC) y Carlos Portillo (PLRA). Tiempo después, Portillo fue expulsado del Congreso por la filtración de unos audios donde ofrecía cargos y comprometía a Alliana.
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Quintana devolvió el favor del salvataje dando su voto para archivar el plan que buscaba reformar la Policía Nacional.
Vengaron acusación
El cartismo se vengó y promovió la suspensión por 60 días de su colega Celeste Amarilla (PLRA), porque dijo que la mayoría entró al Congreso con dinero sucio.