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La Contraloría General de la República (CGR) hizo público el miércoles último, luego de siete años, su informe final sobre la auditoría realizada en el año 2016 a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). Esta ONG, pese a recaudar en forma anual miles de millones de guaraníes a través de las municipalidades, al cobrar G. 10.000 por la expedición, validación y anulación de las licencias de conducir, no está obligada a rendir cuentas al ente de control por ser, supuestamente, privado.
La CGR, en su histórica intervención, constató ocho irregularidades. En la mayoría de los puntos se habla sobre millonarias diferencias en cuanto a los recursos manejados por la entidad “sin fines de lucro”, principalmente durante la presidencia de Ricardo Núñez (ANR, cartista), exintendente de Villa Hayes (2011-2016) y hermano del diputado colorado Basilio “Bachi” Núñez. Este último titular de la Opaci, entre 2007 y 2011.
Recursos genuinos
Dos de las observaciones más contundentes de la CGR se refieren a los manejos de la Opaci sobre G. 18.146.642.997, correspondientes a recursos genuinos de las municipalidades.
En uno de los puntos, señala que al 31 de diciembre de 2015 la ONG no transfirió G. 17.217.673.075 de fondos que pertenecen genuinamente a las municipalidades en concepto de transferencias de bienes raíces.
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En este caso, el ente de control habla de incumplimiento de las normas de contabilidad, donde se señalan las características de fiabilidad y el principio de exposición, así como lo establecido en la Resolución de la Junta Directiva de la Opaci N° 27/2014 en sus artículos 45 y 46. Igualmente, está en contravención a lo que establece el artículo 169 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay, como así también el artículo 3 de la Ley N° 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”.
En el otro ítem, en tanto, se cita la falta de transferencia al 31 de diciembre de 2015 de G. 928.969.922, en concepto de operaciones de créditos (hipotecas), también perteneciente en forma genuina a las comunas de todo el país.
Sobre estos recursos, la Contraloría dice que la Opaci incumplió las normas de contabilidad donde se señalan las características de fiabilidad y el principio de exposición, así como lo establecido en la Resolución de la Junta Directiva N° 27/2014 en sus artículos 45 y 46. Asimismo, se encuentra en contravención al artículo 3 de la Ley N°1535/99 “De Administración Financiera del Estado”.
Reconocen
La Opaci, en su descargo, reconoció a la CGR que efectivamente ambos fondos son ingresos genuinos de las municipalidades. Sin embargo, dijo que son devueltos de forma compensatoria a las deudas de los municipios con la ONG.
Según la entidad “sin fines de lucro”, los municipios asociados deben presentar sus estados contables y presupuestarios a la Opaci de forma cuatrimestral, situación que no sucede en la práctica, lo que dificulta la cuantificación de la deuda en los estados contables y presupuestarios de la Opaci. “Los municipios incumplen con la Opaci en el pago del aporte societario y en la devolución mensual en concepto de aranceles por registros emitidos por renovación y revalidación”, afirmó.
Añadió que la: “Opaci no retiene los fondos municipales, transfiere una vez que las municipalidades asociadas cumplan con las transferencias de los recursos genuinos de Opaci, o se compense la deuda entre partes”.
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No satisficieron los descargos
El descargo de la Opaci estuvo a cargo de su extitular, la colorada abdista María del Carmen Benítez (exintendenta de Ybycuí). Benítez sucedió en el cargo a Ricardo Núñez, que se vio obligado a renunciar a la presidencia de la ONG luego de la serie de denuncias. El hermano de Bachi, sin embargo, permaneció hasta el año pasado como parte de la Comisión Directiva. El ente contralor hizo constar que ninguna de las justificaciones de la entidad logró levantar las observaciones de los auditores y todas fueron ratificadas.
Creada en 1964 como oficina municipalista
La Opaci fue creada en 1964 como una oficina dependiente del Poder Ejecutivo para aglutinar a las municipalidades de todo el país con funciones y atribuciones establecidas en un decreto presidencial de ese entonces. En 1997, mediante la modificación de su carta orgánica, pasó a ser una organización no gubernamental (ONG).
La entidad estuvo manejada por más de una década por el “clan Núñez” de Villa Hayes, integrado por los hermanos colorados Basilio, Óscar y Ricardo. Los Núñez se “apartaron” de la luz visible de la ONG en el año 2016 y asumió como presidenta María del Carmen Benítez, exintendenta de Ybycuí y pareja sentimental del diputado colorado Ever Rivas.
Benítez renunció el año pasado y actualmente el titular de la entidad es Óscar Cabrera (ANR, cartista), intendente de Guarambaré.
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No fue el único reclamo por falta de traspaso
En el año 2019, también había saltado una denuncia de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) contra la Opaci por la falta de transferencia de unos G. 10.000 millones por el cobro de aranceles referentes a las licencias de conducir. La ONG, que cobra a través de las municipalidades G. 10.000 por las revalidaciones y renovaciones de los registros, debía transferir de ese monto G. 2.000, un 20%, al ente estatal.
La transferencia se debía realizar en el marco de un convenio de delegación de funciones que firmó la institución del Estado con la organización no gubernamental a mediados de 2015. La ANTSV, en ese entonces, era administrada por Justo Pastor Domínguez, funcionario del gremio municipalista, mientras que la Opaci entonces estaba presidida por Ricardo Núñez Giménez (ANR, cartista).
En el convenio, cuya duración inicial era de tres años, contemplaba los porcentajes a ser pagados a la ANTSV. Esta institución había recurrido a la Justicia para obtener documentos de la Opaci que le permitan determinar exactamente el monto de dinero que este organismo no le transfirió entre 2015 y 2019.
El 24 de julio de ese año, el juez en lo Civil y Comercial Fernando Villalba solicitó a los directivos de la ONG comprobante de todo lo que ingresó al patrimonio de la Opaci correspondiente a aranceles percibidos de las municipalidades, por el certificado de licencias de conducir (emisión y renovación); la resolución 5 del 5 de febrero de 2016; registro de extractos de Cta. Cte. y ahorro; procedimiento por el cual ingresa a la Opaci, entre otros.
Se consignó como un “préstamo interno”
En el año 2016, nuestro diario ya había evidenciado que la Opaci consignó en sus estados contables del 2015 más de G. 17.217 millones como “Préstamo interno con recursos de bienes raíces”. Los documentos presentados ante las comunas asociadas mostraban que la entidad “sin fines de lucro” no transfirió los fondos a las municipalidades.
Lo llamativo es que en el balance de ese año tampoco figuraba que dicho monto estaba disponible en los bancos.
Entonces, ante nuestra consulta, el actual diputado y aspirante al Senado por el cartismo, Basilio “Bachi” Núñez, –en su carácter de expresidente y exasesor de la ONG– aseguró que existía un acuerdo entre varias municipalidades para no transferir los montos. “Algunas nos piden que guardemos esa plata hasta fin de año para pagar los sueldos y aguinaldos”, afirmaba.
Sin embargo, la Opaci en su descargo a la CGR expresó que los recursos municipales eran devueltos de forma compensatoria a la deuda de los municipios con la ONG.
US$ 31 millones
La documentación también había revelado que la Opaci recaudó entre los años 2010 y 2015, durante la gestión de Basilio y Ricardo Núñez G. 182.059.718.920 (unos U$S 31 millones al cambio del año 2016).
Los ingresos más elevados tuvieron en concepto de cobro de aranceles por expedición, renovación y anulación de licencias de conducir; y en cobro por transferencia de bienes raíces.
Solo en el año 2015, la recaudación de la Opaci llegó a G. 42.683 millones, según el informe final de la CGR.