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El tratamiento fue solicitado por el senador Enrique Bacchetta (ANR, FR), titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, en la primera sesión ordinaria del año de la Cámara Alta.
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El artículo 277 de la Constitución Nacional señala que tanto el Defensor del Pueblo como el Adjunto son nombrados por mayoría de dos tercios de la Cámara de Diputados, de una terna propuesta por el Senado, y que durará cinco años en sus funciones, coincidentes con el período del Congreso.
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Actualmente, la Defensoría del Pueblo se encuentra en proceso de reordenamiento tras sus numerosos escándalos y polémicas. El 28 de septiembre último, el defensor del Pueblo adjunto, Rafael Ávila, juró en reemplazo de Miguel Godoy (ANR, cartista), titular de la institución quien había renunciado al cargo ante su inminente juicio político. Godoy dimitió luego de saltar a la luz pública supuestas irregularidades en su gestión y al dejar de recibir apoyo del cartismo.
La lista de los convocados al cargo incluye a: Natalia Sosa Flores, Carlos Talavera, Luis Guillermo Kunzle, Shirley Cantero Figueredo, Nelson Morínigo, Santiago Torres, Óscar Ayala, Édgar Villalba Riquelme, Miguel Ortiz Rodríguez, Carmelo Núñez, Osvaldo Battilana y María Romero. Durante el proceso de audiencias, María Elena Mereles y Juan Carlos Molas se ausentaron.