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La diputada patriaqueridista Rocío Vallejo lamentó que el intendente de Asunción no haya respondido a la Cámara de Diputados en el primer pedido realizado el 3 de marzo pasado y cuyo plazo feneció el pasado lunes. Indicó que Óscar Nenecho Rodríguez ya tiene conocimiento del pedido porque el documento ingresó por mesa de entrada a la comuna y ya feneció el plazo de respuesta el pasado 23 de marzo.
“El plazo otorgado para que responda el intendente ya feneció y esta Cámara necesita saber cuánto es lo que debe el Municipio de Asunción, cuántos bonos se emitieron y se solicitó un informe bastante detallado que ya tuvo ingreso el 23 de marzo, pero el intendente no presentó. Seguimos aguantando. Necesitamos saber cuánto debe, en qué se destina el dinero y para saber en qué se gasta el dinero de todos los aportantes de Asunción”, indicó la diputada Vallejo.
El pedido fue aprobado por el pleno y nuevamente el intendente tiene otros 15 días para contestar el pedido de los diputados.
Sanción a los que no informan
Debido al constante ninguneo de las autoridades nacionales, municipales, departamentales y funcionarios públicos, hay una propuesta legislativa presentada por los senadores liberales Blas Llano y Fernando Silva Facetti y el senador colorado oficialista Javier Zacarías Irún en donde se busca sancionar a los que no respondan los pedidos de informes del Congreso Nacional.
Se trata del proyecto de ley “Que sanciona el desacato de un pedido de informe del Poder Legislativo”. El proyecto modifica el artículo 3 de la Ley 5453/2015 que reglamenta el artículo 192 “del pedido de informes” de la Constitución Nacional, que otorga la potestad a los congresistas de solicitar información a los entes públicos y funcionarios.
La iniciativa parlamentaria en su artículo 1, indica que el que incumpliere con un pedido de informe del Congreso será castigado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años de multa.
Agrega que, en caso de que se trate de un funcionario público cometiere el hecho de desacato, mediando reiteración del pedido, la pena será aumentada hasta cinco años de pena privativa de libertad y el mismo será inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por cinco años. También establece que la cámara respectiva, cuyo pedido de informe hubiere sido incumplida, deberá informar el hecho a la Fiscalía penal de turno, para que este impulse el procedimiento respectivo bajo el presupuesto de la flagrancia.