Contraloría abre sumario contra exministro Antonio Fretes

Una resolución emitida por la Contraloría General de la República ordena la instrucción de un sumario administrativo a Antonio Fretes, exministro de la Corte Suprema de Justicia, por el supuesto incumplimiento de su obligación de presentar declaración jurada de bienes al abandonar el cargo.

El documento lleva la firma del subcontralor Félix Paiva y señala que, en fecha 14 de abril, la Dirección de Control de Remuneraciones y Servicios Personales informó que, analizados los datos recibidos en el Sistema Integrado, se verificó que Fretes no presentó la declaración jurada en tiempo y forma, debiéndolo hacer por haber abandonado el cargo.

Esta situación generó que la Dirección de Control de Declaraciones Juradas recomiende la instrucción del sumario administrativo para averiguar acerca de lo sucedido.

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El prontuario de Antonio Fretes

Antonio Fretes cumplió el pasado 10 de marzo la edad 75 años y dejó automáticamente de ser ministro de la Corte Suprema de Justicia tras más de dos décadas en el cargo. A lo largo de 21 años, construyó un esquema de poder e influencia que fue denunciado en varias oportunidades. En los últimos meses saltaron numerosos vínculos con hechos irregulares que nunca fueron investigados.

Fretes había desaparecido de la vida pública desde el 17 de noviembre del año pasado, día en el que ABC Color publicó el contrato que firmó el 30 de setiembre de 2021 el abogado Amílcar Fretes –hijo de Antonio Fretes– con Sharif Kassem Hijazi (hijo del extraditado Kassem Mohamad Hijazi, y domiciliado en Foz de Yguazú) para buscar trabar su extradición a los Estados Unidos, donde era requerido por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

El hijo de Fretes cobró US$ 368.000 (unos 2.546 millones de guaraníes al cambio de la época) por la “prestación de servicios”, de parte del familiar del extraditado Kassem Mohamad Hijazi.Las “partes” dejaron por escrito detalles del pago, la confidencialidad, la validez de 30 días hábiles y la garantía de que el dinero sería devuelto si no había una solución.

Tras su salida del cargo siguieron saltando denuncias en su contra, que fueron asignadas a la fiscal María Estefanía González, por la exfiscal general Sandra Quiñónez, y que luego fue sustituida por orden del nuevo Fiscal, Emiliano Rolón a los fiscales Aldo Cantero y Silvio Corbeta, luego de las protestas por tratarse de una fiscal con varios antecedentes, entre los que se encuentra el haber votado en las internas coloradas.

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