Exministro de la SEN Joaquín Roa va a prisión en proceso por presunta coima y lavado

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás dispuso la prisión preventiva, en la Penitenciaría de Tacumbú o en a alguna cárcel que el Ministerio de Justicia disponga, para el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa en el proceso que este afronta por presunto cohecho pasivo agravado (coima) y lavado de dinero, junto a Alberto Koube Ayala.

Roa, quien está con orden de detención desde el pasado 26 de abril luego de ser imputado por los fiscales Silvio Corbeta y Osmar Legal, se presentó esta mañana para su audiencia de imposición de medidas cautelares, acompañado del abogado Gustavo González Planás, quien solicitó medidas alternativas a la prisión para el extitular de la SEN y ofreció como fianza un inmueble valuado en G. 3.500 millones.

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Sin embargo, el juez Delmás atendió el pedido de los agentes del Ministerio Público, que fue ratificado en la audiencia de imposición de medidas por la agente Marlene González y ordenó la prisión preventiva de Roa en la Penitenciaría de Tacumbú u otro centro penitenciario que tenga disponibilidad.

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Según la imputación fiscal, el exministro Joaquín Roa habría recibido de parte de Alberto Koube Ayala beneficios a cambio de los cuales el empresario y amigo del extitular de la SEN habría sido adjudicado con varias licitaciones públicas.

Joaquín Roa dice que “jamás” direccionó licitaciones a favor de Koube

Antes de ingresar al despacho del juez José Delmás para la audiencia de imposición de medidas, Joaquín Roa fue consultado por los periodistas si es cierto que direccionó licitaciones para beneficiar a Alberto Koube Ayala. “Jamás” fue la única respuesta que dio el exministro de la SEN en referencia al relato que hace el Ministerio Público en la imputación.

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Por su parte, el abogado Gustavo González Planás señaló que la Contraloría General de la República “dio el OK” a la declaración jurada de bienes de Joaquín Roa y resaltó que si hubiese habido una coima de US$ 450.000, el ente contralor jamás hubiera aprobado el examen de correspondencia.

La imputación fiscal señala que existen elementos que probarían que durante su paso por la función pública, Joaquín Roa habría recibido de parte de Koube Ayala, con quien mantendría una relación de amistad, beneficios indebidos, a cambio de los cuales, Koube Ayala, habría sido adjudicado con licitaciones públicas.

La fiscalía detalla que esas adjudicaciones se habrían dado entre los años 2018 y 2021, con un total de 11 licitaciones a las firmas Tapyracuai SA y Distribuidora San Blas, ambas representadas por Koube Ayala, así como también a otras empresas unipersonales vinculadas al mismo, quien sería el beneficiario final. Entre estas firmas figuran Sofimac, de Joaquín Nunes; Noemacol SA, de Noelia Colmán; JPA Logística, de Juan Pablo Acosta y Katherine Ayala.

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Existe peligro de fuga y de obstrucción al proceso, según juez

En su resolución del juez José Delmás resalta que los hechos punibles imputados a Joaquín Roa revisten notoria gravedad, por lo que conforme a las constancias agregadas por la fiscalía solicitando la prisión preventiva, el magistrado consideró que dicho requerimiento se sustenta en la base de que es la única medida cautelar que puede garantizar suficientemente la sujeción de Joaquin Roa al presente proceso penal.

Agrega que existe también peligro de obstrucción a la investigación, por parte del exministro de la SEN, teniendo en cuenta que la presente investigación se encuentra una etapa inicial, en plena recolección de elementos y realización de diligencias, según el acta de imputación fiscal.

Atendiendo estos presupuestos, Delmás concluyó que no se ha podido desvirtuar ni el peligro de fuga y ni el peligro de obstrucción a la investigación, por lo que atendió el pedido del Ministerio Público y dispuso la prisión preventiva del ex titular de la SEN.

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Delmás detalló que la defensa no presentó la condición del dominio del inmueble valuado en G. 3.500 millones, ofrecido como fianza, y por ese motivo no se pudo desvirtuar al peligro de fuga. No obstante, aclaró que una vez que presenten dicha documentación se podría analizar una medida menos gravosa que la prisión.